Granada

Juana Rivas incumple la orden judicial y se escapa con sus dos hijos

  • Su abogada asegura que no ha podido contactar con ella en todo el día y que desconoce dónde se encuentra.

Después de meses de reuniones, comunicados y lágrimas, Juana Rivas cumplió su advertencia y no entregó a sus dos hijos. El día anterior ya había anticipado su intención: lucharía hasta el "último aliento" para no separarse de sus pequeños de once y tres años a pesar de que el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada ordenó la entrega de los menores a las 16:30 en el Punto de Encuentro Familiar de la capital. La mujer está en paradero desconocido desde la noche del martes.

En la mañana de ayer sus representantes legales se reunieron con la Fiscalía para intentar, una vez más, frenar la entrega. Ganar tiempo para conseguir que la expareja de Juana Rivas, condenado por maltrato en 2009, no se llevara a los niños a Italia donde residieron hasta 2016 momento en que ella decidió poner tierra de por medio y regresar a Granada para acabar con una situación de maltrato "insostenible". Sin embargo, este encuentro no tuvo resultados y, a pesar de que a nivel nacional el caso ha despertado un gran interés y Juana Rivas ha ganado muchos apoyos, incluido el de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz o de la consejera de Igualdad, María José Sánchez, la orden no perdió vigencia. Juana debía llevar a los niños.

A las 16:00 las representantes legales de la madre atendieron a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Maracena. A esa hora todavía se desconocía si Juana se encontraba en la localidad o, finalmente, habría optado por llevar a los niños hasta el citado punto de encuentro en la capital. En torno a las 16:15 su representante legal, María Castillo y la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, confirmaron la noticia. Desconocían dónde se encontraba Juana. Concretamente, Castillo no había hablado con ella, según confesó, "desde el pasado lunes". En el caso de Granados, fue el martes cuando, después de una jornada "agotadora" en la que intentaron por todas las vías paralizar la entrega, habló por última vez con esta la mujer que reconoció que tendrían que quitarle a los niños "a palos". "Yo la he llamado después de la cita con la Fiscalía y su teléfono está apagado o fuera de cobertura", explicó Granados.

Respecto a las consecuencias que pueda conllevar este hecho, la representante legal, María Castillo, recordó que será la jueza quien decida. "Si el padre denuncia, se abren varias vías que la jueza tendrá que decidir. Probablemente el padre requiera el auxilio de la Policía o de la Guardia Civil para que vengan hasta el domicilio que consta en los autos", explicó Castillo quien añadió que Juana tiene el derecho a ser escuchada a través de distintos escritos de oposición a esa ejecución como parte de este proceso. En concreto, se refirió a un escrito de reposición al auto que despacha oposición al requerimiento de entrega de niños así como a un recurso de reposición frente a la providencia dictada el 24 de julio. "A día de hoy, Juana como parte de un proceso tiene abiertos sus medios de defensa", relató Castillo. "A partir de ahí su señoría decidirá con los escritos que se van a quedar presentados qué ocurre y qué pasa", recalcó la letrada que reconoció que desconoce dónde está Juana Rivas entre otras cosas porque no "lo he necesitado" y apuntó a posibles "causas de fuerza mayor". Asimismo dijo que "todo el mundo ha perdido la perspectiva de que hay una sentencia que no es firme y que estamos ante la interposición de un recurso ante el Supremo".

Las representantes de Juana Rivas estaban realmente decepcionadas con lo vivido. "Con toda la fuerza que nos dan los contenidos de dos informes y todo el historial que conocemos nos hemos sentado con la fiscal para ponerle en conocimiento de que la ejecución de la providencia generaría un daño irremediable para estos menores", remarcó ayer Francisca Granados que incidió en cómo, desde el primer momento, se ha reivindicado que se trata de un caso de violencia de género y "no se nos ha hecho ningún caso". "Nos han dicho que sea la letrada la que entregue la documentación pertinente", dijo Granados quien también pidió a la Fiscalía que proteja a los menores para que no se efectúe la ejecución de la providencia. "Después de hablar durante dos horas nos ha dicho que no", lamentó Granados reconociendo sentir una absoluta frustración ante este caso.

No obstante, recalcó que sigue confiando en la justicia. "Tanto la letrada como yo vamos a seguir trabajando de manera incesante para que se haga justicia", remarcó. Para ello, de manera "inmediata" van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se adopten las medidas que hasta ahora se nos han negado en la justicia ordinaria. "La simbología que representa la firma de un pacto de Estado por la violencia de género no puede quedarse en papel mojado", dijo. Por otra parte, avanzó que tomarán medidas para que se depuren responsabilidades. "Vamos a exigir responsabilidades concretas frente a todos los funcionarios del poder judicial que no están cumpliendo con las funciones que este estado de derecho les exige".

El margen de maniobra, según fuentes del Ministerio Público, era mínimo. Distintas fuentes avanzaron ayer a Efe que la posición de la Fiscalía no "ha variado" pues cualquier medida tendente a sustituir la potestad de los menores debería ser adoptada, en cumplimiento de la legalidad internacional, por los tribunales de Italia, país competente en este caso por ser lugar de residencia de los niños. Por otra parte, fuentes del Ministerio Público avanzaron que el recurso de reposición que cabe contra la decisión del Juzgado "no tiene efectos suspensivos" sobre la orden judicial ya acordada. Por otra parte fuentes del TSJA indicaron que el Juzgado Número 3 de Primera Instancia está obligado a efectuar la sentencia de la Audiencia Provincial. De hecho, le ha instado a hacerlo. La Audiencia desestimó un recurso de apelación interpuesto por la mujer contra la decisión del juzgado que ordenó la inmediata restitución de sus dos hijos después de que éste denunciara la sustracción. Entre otras consideraciones la Audiencia concreta que los menores residen en Italia desde el 2013, el más pequeño desde su nacimiento, están sujetos a las normas de aquel país y a las del derecho internacional que se concretan en el Tratado de Roma. El hecho de que la madre, aprovechando un permiso en España, no trasladara a los niños a Italia también entendido como que tomaba "la justicia por su mano". El problema es que, según indicó ayer las representantes de Juana Rivas, existe otra denuncia por malos tratos que un año después, sigue en un cajón guardada a la espera de ser traducida.

A pesar de la tensión vivida el abogado del padre de los niños aplazó la decisión de interponer una denuncia ante el incumplimiento de Juana Rivas. Alfonso Alonso, declaró que se iban a dar unas horas de reflexión para decidir los próximos pasos. "Estamos pensando si se denunciar pero confío en que la racionalidad vuelva a este caso", detalló el abogado que deseó que la madre "recapacite". Sobre qué ocurrirá si finalmente pone la denuncia, declaró que dependerá de qué órgano judicial intervenga. "Yo como abogado lo único que puedo hacer es pedir; pero los que resuelven son los jueces", detalló Alonso que consideró que los jueces están sufriendo un ataque directo.

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