La defensa de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos en Andalucía ha generado un consenso casi sin precedentes entre los políticos y los sindicatos de la región. Incluso el PP andaluz, sin renunciar a la crítica a Susana Díaz, se sumó este martes a las peticiones al Gobierno central para que levante la suspensión cautelar de la reducción del horario de los funcionarios en la región. Más beligerantes fueron las reacciones del Ejecutivo andaluz, el resto de partidos y los sindicatos, que expresaron de forma unánime su rechazo al recurso que el Tribunal Constitucional aceptó el lunes.

La Junta solicitó formalmente al Gobierno por medio de su portavoz, Juan Carlos Blanco, el levantamiento de las medidas cautelares para evitar así "el desaguisado" que puede generar la supresión de la decisión autonómica. Si Mariano Rajoy mantiene su "empecinamiento" podrán verse afectados "más de 250.000" empleados públicos andaluces, pero Blanco se mostró optimista por la disposición de diálogo mostrada incluso por los populares andaluces.

En la Administración regional aspiran a que Moncloa tenga un gesto de buena voluntad para demostrar esa voluntad de negociar y elimine la suspensión cautelar. Sin embargo, lamentan la tardanza del Gobierno en abrir la vía del diálogo. Consideran que la decisión de agotar el plazo de nueve meses para finalmente recurrir las 35 horas al Constitucional no es compatible con esa voluntad de negociar expresada ahora. La impugnación tampoco es consecuente, defendió Blanco, con el anuncio de Cristóbal Montoro sobre la posibilidad de aplicar la reducción de jornada en todo el territorio nacional el año próximo.

Según explicaron desde el Gobierno, la reducción de horarios del sector público deberá abordarse de forma diferente en cada sector y eso es lo que quieren negociar con Andalucía. Juanma Moreno lo reconoció este martes en Antequera, donde se mostró "partidario" de levantar la suspensión cautelar, pero reconoció la dificultad del proceso. "Por las informaciones que nos ha trasladado la Administración General del Estado, [el recurso y la suspensión] estaban aparejados y era prácticamente imposible quitar las medidas cautelares" de la impugnación al Alto Tribunal.

Además, Moreno aprovechó la ocasión para cargar contra Susana Díaz por buscar la confrontación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Ha preferido una buena bronca para arañar un puñado de votos, antes que un buen acuerdo", aseguró el líder popular, que afeó a la Administración autonómica que haya tomado la decisión sin el apoyo de Madrid. La Junta, sin embargo, defiende que su consenso no es con el Gobierno central, sino con los sindicatos.

El Ejecutivo autonómico pactó en junio del año pasado la vuelta a las 35 horas con CSIF, CCOO y UGT, cuyos representantes se reunieron este martes con Juanma Moreno y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para abordar la solución al conflicto. Previamente habían solicitado al Gobierno central una rectificación respecto a la supresión de la medida y CSIF incluso amenazó con poner en marcha movilizaciones en septiembre si Montoro no incluye en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la reducción de jornada para los empleados públicos.

Tras el encuentro, fuentes sindicales explicaron que el compromiso del líder regional del PP es reiterar su petición al Ejecutivo central para que levante las medidas cautelares. Ésa es sólo una de las peticiones realizadas por CSIF, CCOO y UGT, que aspiran a que el Gobierno sólo regule la duración máxima de la jornada laboral para los empleados públicos, dejando libertad para establecer la mínima en una negociación con cada comunidad. También insisten en la necesidad de dejar de utilizar a los funcionarios como un arma arrojadiza en un conflicto entre administraciones.

Moreno garantiza a los sindicatos que insistirá en su petición a Madrid para levantar la suspensión

El consenso sindical en defensa de las 35 horas se trasladó también al espectro político andaluz. La petición de Moreno sobre el levantamiento de la paralización cautelar se repitió en el resto de partidos, aunque con evidentes matices. El portavoz de Hacienda del PSOE andaluz, Jesús María Ruiz, volvió a pedir al líder popular que interceda ante el Gobierno central para que dé marcha atrás. "Moreno tendrá que explicar qué fue lo que le solicitó a Montoro, ¿o es que no solicitó nada y nos engañó a todos los andaluces?", añadió el dirigente socialista.

Podemos, por su parte, calificó de "vergüenza" la decisión gubernamental y pidió la dimisión del ministro de Hacienda porque, a su juicio, está "persiguiendo sin tregua a los trabajadores andaluces", según expresó la parlamentaria Libertad Benítez. El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también calificó la decisión de Rajoy como "un ataque más a Andalucía" y lamentó las "consecuencias desastrosas" que tendrá en sanidad y educación andaluza en plena época estival. El dirigente izquierdista considera que la supresión afectará a unos 5.100 empleos públicos, de los que 2.440 son contrataciones para el nuevo curso escolar.