Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han comunicado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que se reservan las posibles acciones civiles en el caso de los ERE fraudulentos, es decir, que en el caso de que haya condena ejercerá las responsabilidades civiles contra los presuntos responsables.

Los letrados del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que ejercen la acusación particular, han presentado un escrito en el juzgado, en el marco de la denominada pieza del “procedimiento específico” de los ERE, en el que señalan que “se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar”, por lo que solicita a la instructora que se “tenga por hecha la reserva expresa de esta parte en orden al ejercicio de la acción civil”.

El escrito de la Junta se produce tras haber recibido una providencia del pasado 10 de febrero en la que se le concedía un plazo de tres días para “manifestar lo que a su derecho convenga en relación con el ejercicio de la acción civil”. Del escrito remitido al juzgado se desprende que la Junta se reserva la posibilidad de ejercer las posibles responsabilidades civiles contra las personas responsables en el supuesto de que existiera una condena.

La Junta de Andalucía solicitó en octubre pasado el archivo de la piza del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento concreto para eludir los controles de la Intervención General y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Con esta doble argumentación, la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en la causa, solicitó el archivo de esta pieza, al estimar que no puede sostenerse una acusación contra los ex presidentes ni contra el resto de ex altos cargos procesados, a los que la Fiscalía ha solicitado penas de prisión e inhabilitación.

La acusación particular, que representa a la parte perjudicada por el fraude los ERE, considera que la tesis sostenida en el auto del 31 de mayo de 2016 dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín –que procesó a los 26 ex altos cargos- y en el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a los que critica con vehemencia, "parte de la existencia de una trama criminal, que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, que implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas”.