La Junta indemniza a un 'motero' que se cayó por el mal estado de la carretera

  • Obras Públicas pagará más de 166.000 euros por los daños físicos del accidentado · Acusa al Servicio de Carreteras de "falta de atención a la conservación" de la vía ubicada en la Alpujarra

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Cinco años después del accidente, a Rafael Dolz le han dado la razón y una indemnización de más 166.000 euros. Un expediente de la Consejería de Obras Públicas considera que el accidente que sufrió Dolz en una carretera de la Alpujarra mientras conducía su moto no fue culpa ni de la moto ni de Dolz, sino de la carretera. O más concretamente, de la Administración encargada de su mantenimiento, la misma Consejería de Obras Públicas a través el Servicio Provincial de Carreteras.

El abogado Eduardo Torres, cuyo despacho ha llevado el caso, señaló ayer que este expediente "puede tener trascendencia futura en orden a posibles reclamaciones de usuarios de las carreteras". Es más, el letrado granadino no recuerda una decisión así, en el que una administración reconoce su culpa en lo sucedido en un accidente de tráfico.

Los hechos que han motivado la reclamación y la indemnización tuvieron lugar a las 14.30 horas del 28 de febrero de 2003, hace cinco años. Rafael Dolz conducía su motocicleta por la entonces GR-421, ahora A-4132, en el término municipal de Trevélez, acompañado por un grupo de amigos. En una curva suave, en el kilómetro 22,9 de la vía, derrapó "a causa de la gravilla" y se fue al suelo, chocando con el quitamiedos.

Dolz fue evacuado por una UVI móvil con graves heridas en las piernas. En el atestado de la Guardia Civil, levantado poco después de los hechos, los agentes apuntan como "peligros aparentes" la gravilla en la calzada. Es más, señala como posible causa del derrape esa gravilla.

En ese momento, los amigos del accidentado toman fotos y se ponen en contacto con el abogado que ha llevado el caso, que a su vez, pide la intervención de un notario. Dos semanas después del accidente y con Dolz todavía en el hospital, el notario levantó acta en el que constataba "la falta de señales de tráfico, la existencia de gravilla suelta en la calzada así como la degradación del asfalto de la misma". El notario, además, adjunto otras fotografías del lugar.

Tras averiguar que la carretera era propiedad de la Junta de Andalucía, se solicita un informe al Servicio de Carreteras, que contesta que el departamento ni tuvo constancia del accidente ni en esas fechas se estaba había ejecutado ninguna actuación que necesitara gravilla. Y achaca que, quizás, esa gravilla procedía de "algún camión" que pasase por allí, mientras afirmaba que no hubo ningún aviso para que fuera limpiado ese material de la vía.

El autor del expediente es tajante. "Resulta patente el nexo causal entre el mal estado de la calzada y el derrape y posterior caída" de Rafael Dolz. El documento asegura que si bien "el mal estado de la calzada no siempre está en conexión causal con el funcionamiento del servicio público", no cabe ese supuesto en este caso.

Para empezar, porque "la hipótesis formulada por el servicio provincial de carreteras -que le achacaba la gravilla a un tercero- carece de sustento probatorio". Y por otro, porque la intervención del notario fue provindencial, ya que "se ha acreditado de forma fehaciente que el estado de la vía seguía siendo idéntico, con presencia de gravilla suelta en el tramo del accidente, al menos dos semanas después del mismo".

La moto fue vendida para desguace. Rafael Dolz necesitó de 172 días para su curación, de los que 88 pasó hospitalizado y otros 87 impedido. Además, tiene valorado un grado de minusvalía del 42 por ciento derivado de las lesiones en las piernas, así como una incapacidad absoluta que le impide trabajar.

Por ello, la Consejería de Obras Públicas y transportes estima en parte la reclamación patrimonial de Rafael Dolz y le indemniza por las secuelas sufridas por valor de 166.152,16 euros, unos 27 millones de pesetas que deberá ser abonado por la propia Consejería.

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