Tribunales

La Junta no recurrirá la indemnización del caso de Iván y Sara y ve una "barbaridad" el tiempo del proceso

  • La Consejera Micaela Navarro justifica que el Gobierno andaluz tenía la "obligación" de recurrir al tratarse de dinero público y pide que se reduzcan los plazos en los casos con menores.

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La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró hoy que la Junta de Andalucía tenía "la obligación" de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) contra el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que le condenaba al pago de una indemnización de 1,7 millones de euros a la madre biológica de los menores Iván y Sara, Carmen Fernández, ya fallecida, por la retirada irregular de ambos, y añadió que "lo que es una barbaridad es que hayan pasado doce años desde que el proceso judicial se inició".

En declaraciones a los periodistas en Jaén, la consejera afirmó que había que "poner las cosas en su sitio" y relató que el Gobierno andaluz "pagó en mayo del 2006 y lo que ha decidido el TC es que se haga efectivo". "Hace casi dos años que se nos dijo que debíamos pagar 1,4 millones de euros y quince días después nos llegó una resolución diciendo que no habían hecho bien los cálculos y en vez de 1,4 millones eran 1,7. La Junta los ingresó y en ese momento el juez correspondiente decidió que no se hiciera efectivo el pago, que se hace efectivo ahora, cuando ya hay un pronunciamiento por parte del Tribunal", aseguró.

Así las cosas, hizo hincapié en que el análisis que hay que hacer es que "es una barbaridad que han pasado doce años desde que la Fiscalía dijo a la Junta que se hiciese cargo de esos menores". En este sentido, recalcó que la Junta ha de velar por la seguridad y la protección de los derechos de los niños.

"Hay que tener en cuenta cuál sería la situación de los menores si la Fiscalía no hubiera intervenido en aquel momento. De todas formas, insisto en que doce años en la vida de un niño es una eternidad y hay cuestiones que en el momento en que forman parte de lo judicial la Administración autonómica o cualquier otra instancia no puede tomar decisiones, tiene que tomarlas en función de los tiempos judiciales", comentó.

Por ello, Navarro volvió a subrayar la necesidad de que todo aquello que tiene que ver con los menores ha de experimentar una reducción en los tiempos "con todas las garantías para los menores, para las familias y para las instituciones que los protegen". "Pero no se puede mantener doce años un proceso abierto", apostilló.

Una "obligación jurídica" de la Junta

La consejera, que señaló que "no habrá más recursos", declaró que la Junta de Andalucía "no se arrepiente" de haber recurrido al TC, porque, "entre otras cosas, era una obligación jurídica". "Los informes nos decían que teníamos la obligación de recurrir, porque yo no estoy pagando con dinero mío, sino con dinero público y cuando es así las instituciones tenemos el deber de recurrir para defender también a lo público. Así que ni hay arrepentimiento ni hay alegría, simplemente hemos cumplido con nuestra obligación", concretó.

Asimismo, señaló que este caso no tiene por qué suponer una revisión de las políticas sobre menores por parte de la Junta, ya que tiene que velar por los derechos de los menores y extremar todas las precauciones. "Lo que no podemos hacer es dejar de actuar, ya que luego nos rasgamos las vestiduras cada vez que hay alguna situación irreversible en la vida de un menor. Por desgracia ha habido bastantes y, normalmente, también se suele culpar a las administraciones porque no tomaron la decisión de retirar la tutela o custodia. Luego la Junta trata de extremar las precauciones para garantizar los derechos de los menores sin ser injustos con la familia biológica", aseveró.

Por ello, y en relación al proceso concreto de Iván y Sara, además del alargamiento en el tiempo, resaltó la existencia de resoluciones judiciales "tan contradictorias". Así, dijo que en estos doce años hubo a favor y en contra en varias ocasiones e, incluso, dictámenes del propio TC negando o ratificando las medidas judiciales que se iban produciendo, por lo que "es algo que no está en manos de la Administración autonómica".

Finalmente, Navarro eludió la posibilidad de comentar las valoraciones del abogado de Carmen Fernández. "Como madre que soy entiendo que es una situación muy dura y también lo sería en su momento, por lo que no quiero entrar en ese tipo de valoraciones que, evidentemente, alimentan instintos que ni voy a calificar", declaró.

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