La Junta tramitó 1.402 denuncias por ilegalidades en la Axarquía

  • Juan Espadas anuncia que pedirá responsabilidades por el informe falso

La Junta de Andalucía ha tramitado desde 1997 hasta principios de este año un total de 1.402 denuncias por edificaciones ilegales en la comarca malagueña de la Axarquía -893 hasta 2005 y 509 desde septiembre de ese año hasta la actualidad-. Además, ha emitido, a petición de juzgados o fiscales, 62 informes relativos a la comarca y a diferentes periodos, por lo que de todas esas diligencias "es previsible que se produzcan citaciones por parte de los jueces y también las responsabilidades que se estimen", reveló ayer en Málaga el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. El mayor volumen de informes remitidos a Fiscalía en la Axarquía se refieren a Cómpeta, con un total de 14. En el caso de Alcaucín son seis las peticiones.

Sobre el caso de corrupción descubierto en este último municipio, Espadas declaró que la Junta "no es un gendarme de ayuntamientos, sino que actúa en base a las competencias que tiene". Espadas defendió la autonomía local y la capacidad que por ley tienen los ayuntamientos para tomar decisiones en sus localidades. "Son responsables de todo lo que pasa en sus municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística", dijo el consejero.

En cuanto al archivo en febrero de 2006 de una denuncia presentada contra una de las promociones investigadas en la operación Arcos en función de un informe realizado por el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, encarcelado en el marco de este caso, Espadas explicó que se instó al Ayuntamiento de Alcaucín a que se pronunciara sobre la denuncia y, para justificar sus argumentos, aportó un informe del arquitecto de la Diputación.

El informe de ese funcionario público, emitido por el alcalde, tiene "una primera presunción de veracidad", destacó el consejero, quien agregó que "no cabe la capacidad adivinatoria de ver que estamos ante un certificado falso". Si ese documento no fuera cierto, "estaríamos ante un delito de falsedad documental" por parte de esa persona.

Aunque se tratara de un suelo urbano, de competencia "plenamente municipal", reconoció que "si la Junta hubiera tenido elementos e informes que hubiesen avalado que se había tomado una decisión contraria a derecho, la Delegación Provincial de Obras Públicas habría impugnado esa decisión en la vía contencioso-administrativa, y si hubiera tenido indicios de un posible delito, la habría remitido a Fiscalía", como se ha hecho en otros casos.

Lo que sí indicó Espadas fue que su departamento pedirá responsabilidades se si confirmara que, "engañada", la Junta archivó una denuncia contra una promoción urbanística investigada en la operación Arcos.

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