Las ONG se rebelan contra la intención del Gobierno de recortarles financiación

  • Una orden obligará a las organizaciones sociales a asociarse con entidades de otras regiones para recibir fondos del Estado · El tejido asociativo andaluz se solidariza y avisa de la amenaza para muchos proyectos

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Las ONG locales y autonómicas buscan a quien les salve de la orden ministerial que les modificará el sistema de subvenciones. Han logrado que Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, rectifique y aplace la convocatoria hasta 2010, pero el péndulo sigue oscilando. La polémica parte de la decisión del Gobierno de incrementar del 0,52% actual al 0,7% el porcentaje que les destina de las declaraciones de los contribuyentes a programas sociales. El optimismo de las ONG se nubló al conocer los requisitos: para participar, deben actuar en más de una comunidad o en todo el Estado.

La limitación ha causado un gran revuelo en Cataluña. El presidente de la Generalitat, José Montilla, salió en defensa de las más de 100 ONG afectadas y volvió a poner en escena la aportación que realiza a las arcas del Estado, con Tribunal Constitucional de envite. Según explican distintas ONG andaluzas, sus homólogas catalanas son las principales afectadas porque la legislación las obliga en su acta fundacional a pronunciarse sobre su "identidad" catalana.

El tejido asociativo andaluz está mejor preparado para adaptarse a la nueva orden, según comparten varias ONG consultadas por este periódico, pero aún así, suman su rechazo a la decisión "unilateral" del Gobierno por "solidaridad".

Las fuentes de ingresos de las ONG son tan variopintas que es difícil calcular, apuntan, qué porcentaje de sus cuentas se reducirían por el cambio. De un 10% hasta un 40% según la asociación. No todas participan de estos fondos, ya que en muchas la subvención autonómica o la municipal es su supervivivencia. La conexión con otro territorio o la pertenencia a una organización nacional también las salvaguarda de los recortes presupuestarios. Pero todas avisan: muchos proyectos en marcha pueden paralizarse por la orden.

Un caso singular es el de Codenaf, organización para la cooperación con el norte de África, con presencia en seis provincias andaluzas, salvo Cádiz y Córdoba, desde hace 14 años. Y con otra sede en Cataluña. A pesar de que en principio la orden no les afectará, su presidente, Said Bentrika, avisa que pueden "quedar fuera de un plumazo" muchas asociaciones con proyectos en vigor y reclama que la medida se acompañe de concertación a nivel local y autonómico para que no se produzca esa "dejación de servicios".

Andalucía Acoge, entidad que da respuesta al fenómeno de la inmigración desde 1991, también presenta su posible salvoconducto: está federada con Melilla Acoge. José Miguel Morales, secretario general de la ONG, expone las dudas que genera la orden. "En Andalucía cubrimos a ocho millones de personas y no valdría; pero sí se unen dos en Cantabria y Asturias, con una ratio de población muy inferior".

Morales acudió el jueves a una entrevista con un representante del Ministerio para informarse de una orden "precipitada" que ha causado sorpresa y preocupación en el sector. "Especialmente desafortunado" considera Morales el uso del simbólico 0,7%, reivindicación histórica del colectivo, "pero que se dirige al porcentaje del presupuesto total, no de lo que se destina en el IRPF".

La discapacidad se lleva gran parte de los fondos. Otros campos son la mujer o la drogodependencia. Enlace, federación andaluza de drogodependencias y sida, cuenta con unas 80 asociaciones en territorio andaluz. Están organizados a nivel provincial, autonómico y nacional, gracias a la pertenencia a la Unión de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente. "En principio no nos afecta, pero eso no quiere decir que no sea injusta", condena Antonio Escobar, presidente de Enlace.

Escobar avisa de alianzas ficticias para recibir las ayudas del Estado y critica la falta de diálogo del Gobierno. Avisa de otro inconveniente: el Gobierno recogerá el año que viene menos dinero del IRPF a causa de la crisis y habrá menos para repartir.

Las ONG recibieron el apoyo explícito de la Junta hace unas semanas. Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, se mostró preocupada por la orden antes de conocerse su aplazamiento y demandó "flexibilidad" al Gobierno en su aplicación para no dañar los proyectos que realizan estos colectivos. Las ONG continuarán pidiendo ayuda.

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