Tomás Olivo niega haber pagado dinero a Roca por resoluciones favorables

  • El empresario ha negado en su declaración ante el juez haber efectuado unos pagos de más de 2,4 millones de euros en relación a una licencia urbanística sobre el centro comercial La Cañada

El empresario Tomás Olivo, procesado por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales en el Caso Malaya, ha asegurado hoy ante el juez que nunca pagó dinero al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca por resoluciones favorables urbanísticas.

Olivo ha negado en su declaración indagatoria haber realizado dos pagos a Roca por valor de más de 2,4 millones de euros como asegura el juez en el auto de procesamiento, en relación con una licencia urbanística sobre el centro comercial La Cañada (más de 600.000 euros) y con la operación sobre un inmueble en Puerto Banús (más de 1,8 millones de euros).

En su comparecencia, el empresario granadino se ha ratificado en las dos últimas declaraciones que ha prestado por esta causa, aunque no en la primera, y ha aseverado que desconocía el presunto origen ilícito del dinero del ex asesor urbanístico, según han señalado de la defensa de otros procesados en el caso.

Además de Olivo, hoy también han prestado declaración indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el empresario Ismael Pérez Peña, Javier Pérez Villena y el ex gerente de la empresa Portillo Julio de Marco.

Pérez Peña se ha ratificado en su declaraciones iniciales, aunque ha puntualizado que no ha recibido dinero de Roca salvo en el caso de un préstamo pendiente de devolución que firmaron mediante un contrato privado.

El procesado ha asegurado también que no tenía conocimiento de que el dinero del ex asesor urbanístico tuviera una procedencia ilícita, que sabía de su patrimonio y que consideraba que no existía intención de ocultarlo por parte de Roca, según las mismas fuentes.

Por su parte, Javier Pérez Villena ha destacado que no ha tenido ninguna participación en hechos delictivos y se ha remitido también a su primera comparecencia judicial, al igual que Julio de Marco, aunque éste ha rectificado parte de su declaración inicial.

En este sentido, el ex gerente ha afirmado que no le consta que el anterior presidente de la compañía Portillo realizara un pago de 360.000 euros al ex edil Victoriano Rodríguez o al empresario Ismael Pérez Peña para que se le adjudicara la prorroga de la concesión del servicio de transporte municipal.

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