La precampaña · Chaves se anticipa a sus rivales con la presentación de sus propuestas

La economía, objetivo del PSOE

  • Los socialistas hacen frente al PP con promesas de crecimiento económico y empleo · El programa electoral del PSOE incluye un amplio catálogo de medidas sociales

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El PSOE de Andalucía se convirtió ayer en el primer partido en presentar un amplio "borrador" del que será su programa electoral para el próximo 9 de marzo, un texto en el que el crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de impuestos y el desarrollo de nuevas infraestructuras ocupan una parte destacada junto a un apartado social en el que figuran numerosas medidas para la mejora del sistema educativo en todos sus niveles, la atención a los discapacitados y a los mayores y el acceso a la vivienda, entre otras muchas. La base de buena parte de sus propuestas, según los socialistas, parte del desarrollo del nuevo Estatuto de autonomía.

En el PSOE se es consciente de que una de las principales armas electorales del PP, su principal rival en los comicios, es la política económica y que la negativa evolución de algunos indicadores en los últimos meses -más desempleo, alza de la inflación, subida de tipos de interés- juega en contra de sus intereses. "Sabemos que tenemos que rendir cuentas, cosa que otros no han tenido que hacer nunca porque nunca han contado con la confianza de los andaluces", dijo ayer en la presentación del programa Manuel Chaves, quien aseguró que la realidad de la comunidad casa bien poco con la imagen "catastrofista" que intentan proyectar los populares.

Acompañado de la plana mayor del partido y de algunos miembros destacados de su Gobierno, Chaves subrayó una vez más que el balance económico que vale es el de los últimos cuatro años, en los que se ha crecido por encima del 3 por ciento anual y en los que se han creado más de 500.000 puestos de trabajo. Sobre esa "base sólida", el PSOE considera que es posible alcanzar el pleno empleo y crear 65.000 nuevas empresas de aquí al año 2013.

En cuanto a la economía doméstica, el líder socialista sostuvo que su partido prevé mejoras fiscales para las personas con rentas más bajas. En un escueto documento aportado a la prensa, que no figura en el citado borrador, se esbozan algunas iniciativas como la eliminación del Impuesto de Sucesiones para las herencias entre familiares en primer grado cuando se trate de cantidades inferiores a 175.000 euros por persona. Dicha cifra, sin embargo, está lejos de la propuesta del PP, que aboga por la supresión de dicho impuesto, como ocurre en la Comunidad de Madrid.

Respecto a la tarifa autonómica del IRPF tan sólo se apunta que en ésta figurará una deducción máxima de 300 euros por el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los empleados domésticos, una medida llamada a regularizar la situación laboral de muchas de estas personas, pero que beneficiaría directamente a sus empleadores, a las clases sociales más acomodadas.

Nada más se dice, por el momento, sobre deducciones dirigidas a otros colectivos, aunque en el documento se afirma que el objetivo es favorecer a "la juventud, a las familias de rentas bajas y medias de la sociedad, a quienes necesitan su primera vivienda y a las personas discapacitadas", además de "facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral". Tampoco figura alusión alguna a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, anunciada por la dirección federal del PSOE el pasado mes de diciembre y que beneficiaría a 87.000 andaluces, con un coste para las arcas de la Junta de 150 millones de euros anuales.

En su explicación de las 41 páginas que componen el documento -a debatir y perfilar por el PSOE-A en su Conferencia Política, los días 2 y 3 de febrero- Chaves también aludió al desarrollo del Estatuto, porque "no es lo mismo", aseguró, quién gobierne en España y en Andalucía. De ello dependerá, por ejemplo, que la comunidad reciba las inversiones estatales a las que alude la carta magna andaluza, que amplíe sus competencias, que cobre la deuda histórica o que tenga presencia en órganos como el Banco de España o el Tribunal de Cuentas.

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