Los menores tendrán que pasar un examen psicológico para operaciones de estética

  • El decreto recoge que los menores deberán recibir toda la información sobre el acto quirúrgico, incluyendo indicaciones sobre los resultados que se esperan, con sus consecuencias y posibles riesgos.

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Todos los menores de edad andaluces que quieran someterse a operaciones de cirugía estética deberán pasar previamente un examen psicológico para valorar su nivel de madurez y descartar desórdenes que contraindiquen la intervención, especialmente trastornos relacionados con la imagen corporal, según se recoge en el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para garantizar la salud de adolescentes y jóvenes en este ámbito.

De acuerdo con la nueva norma, las operaciones deberán estar plenamente justificadas y documentadas, además de presentar una relación razonable entre sus riesgos y beneficios, según informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Salud, María Jesús Montero, que apuntó que, precisamente, han sido muchos los profesionales que han alertado del progresivo incremento de las operaciones de cirugía estética en menores de edad, sin que a veces tengan la suficiente madurez mental.

En este sentido, en el decreto se regulan tanto las condiciones exigibles a los menores, como los requisitos y garantías que han de cumplir los centros, servicios y profesionales que participen en ellas. De hecho, está prevista la creación de un registro de la actividad de cirugía estética en menores, mientras que los centros tendrán que disponer de una memoria detallada de sus instalaciones, esto esto, de si disponen de unidades de reanimación o de UCI ante cualquier complicación que se presente.

El decreto recoge que los menores deberán recibir toda la información sobre el acto quirúrgico, incluyendo indicaciones sobre los resultados que se esperan, con sus consecuencias y posibles riesgos, las contraindicaciones y las probabilidades de repetir la intervención en el futuro.

Con carácter previo a esta información, un profesional ajeno al centro o servicio sanitario responsable realizará el correspondiente informe psicológico, que será tenido en cuenta por el cirujano a la hora de tomar una decisión.

Siempre y cuando el informe psicológico y la valoración médica sean positivos, los jóvenes de entre 16 y 18 años podrán tomar la decisión de someterse a la intervención, por lo que serán ellos mismos quienes suscribirán el consentimiento informado. No obstante, los padres deberán ser informados y su opinión será tenida en cuenta. En el caso de los adolescentes de entre 12 y 16 años, son los padres o tutores quienes deben autorizar, aunque será escuchada la opinión de los menores. Si el joven tiene menos de 12 años, la decisión sobre la operación corresponderá en exclusiva a sus progenitores.

El consentimiento informado tendrá que recoger toda la información relacionada con la intervención, así como las tasas de éxito del centro y del cirujano en la técnica quirúrgica que se va a realizar.

En cuanto a los controles y garantías exigibles a los centros y a los profesionales, el decreto prevé la creación de un registro de datos de cirugía estética de menores con el fin de conocer los indicadores de resultados y las tasas de éxito, complicaciones y efectos secundarios. Para el mantenimiento del registro, que respetará en todo momento la confidencialidad, los centros estarán obligados a remitir anualmente los datos exigidos a la Consejería de Salud.

Además, los centros tendrán que presentar anualmente una memoria detallada de sus instalaciones, incluyendo equipos, quirófanos, salas de despertar y unidades de reanimación. De igual modo aportarán las certificaciones de los títulos de especialista de sus profesionales y mantendrán un registro actualizado de las plantillas.

María Jesús Montero quiso dejar claro que esta norma está dirigida a velar por la población más joven, intentado poner orden y rigor en el ámbito de la cirugía estética en menores y contrarrestando esa imagen de inocuidad que a veces se da de este tipo de intervenciones. Señaló que no hay ninguna norma de este tipo ni en España ni en la Unión Europea.

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