El Corredor Mediterráneo será una red prioritaria para la Unión Europea desde la frontera con Francia y hasta Algeciras y podrá conseguir hasta un 30% de las subvenciones comunitarias para su futura ejecución. Después de meses de incertidumbre, sobre todo con la alerta lanzada antes del verano por el lobby europeo Ferrmed asegurando que estaba en peligro y se quedaría reducido a un ramal del corredor central que se cortaba en algún punto de Alicante, se ve por fin luz al final del túnel. La presión ejercida por las administraciones regionales, por los ayuntamientos, por los agentes sociales liderados por las confederaciones de empresarios, bajo la batuta de Ferrmed, ha sido decisiva para cambiar la postura del Ministerio de Fomento en un primer momento y ahora la de las instituciones europeas.

La Comisión Europea dará el próximo miércoles a conocer su decisión y en ese nuevo mapa de redes de transporte prioritarias, según el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, "ya no hay margen de susto". Así lo han confirmado también fuentes del Parlamento Europeo, que tienen acceso al documento definitivo, al periódico El País, que aseguran que se admite el trazado íntegro del Corredor Ferroviario desde la frontera francesa hasta Algeciras, es decir, los 1.300 kilómetros que discurren por el litoral paralelos al Mediterráneo.

Joan Amorós ha agradecido el esfuerzo en común que desde el verano han venido realizando las administraciones y asociaciones de empresarios de la provincia, en el marco de una apuesta de las regiones del litoral español, por su participación activa en todos los actos y declaraciones que se han sucedido para presionar a las instituciones europeas. El propio ministro de Fomento, José Blanco, reconoció esta semana en la presentación que llevó a cabo en la Comunidad Valenciana que han sido más de 20 las reuniones que ha mantenido para abordar la reivindicación de un Corredor Mediterráneo íntegro. Además de los foros, el Parlamento Europeo ha recibido una avalancha de cartas de los agentes sociales de las once provincias por las que discurre el trazado que han participado, además, en un sinfín de foros y actos públicos. "La presión ejercida ha sido decisiva", dice Amorós, quien recuerda que la decisión debe ser ratificada por el Consejo de Ministros de la UE.