Cuando se cumple un año de la crisis de la bacteria Escherichia coli (E. coli), la provincia de Almería y su sector hortofrutícola aún no tienen respuesta para muchas de las interrogantes e incertidumbres que se abrieron durante aquellos aciagos días de finales de mayo y principios de junio de 2011. De hecho, si ocurriera una situación similar con algún tipo de bacteria en un país europeo, los agricultores almerienses tienen dudas más que razonables sobre si no se cometerían los mismos errores de entonces: ¿se señalaría a España y, concretamente, a Almería, aun sin tener pruebas fehacientes de su culpabilidad? ¿Se ahondaría en el sistema de trazabilidad para rastrear el verdadero origen? ¿Se establecería algún protocolo supuestamente ya previsto con la experiencia de la E. coli? ¿La agricultura almeriense y su imagen se verían esta vez respaldadas con solidez por el Gobierno? ¿Se cerrarían los mercados y el productor debería tirar de nuevo miles de toneladas a la basura? En definitiva, ¿qué se ha avanzado desde entonces, si es que se ha avanzado en algo?

La sensación imperante entre los principales protagonistas del campo almeriense, agricultores, organizaciones agrarias, cooperativistas y alhondiguistas es poco alentadora. En general, el sector está convencido de que un año después de aquella gravísima crisis sanitaria, que no alimentaria, los mecanismos que regulan los mercados por parte de la Unión Europea y el propio gobierno nacional no se encuentran preparados para asumir un golpe de estas características.

"Nosotros ya estábamos preparados hace un año y mucho antes, al igual que las empresas de Almería, contábamos con los sistemas de trazabilidad perfectamente implantados y mecanismos de certificación de calidad, pero si hoy sale un político del norte de Europa acusando a España porque están teniendo un problema sanitario, creo que ocurriría exactamente lo mismo, pues sigue habiendo la misma ineficacia en los mecanismos de la UE y de España para hacer frente a esta situación". Así explica su postura Juan Enrique Vargas, gerente de Hortofrutícola Costa de Almería, una de las directamente señaladas con el dedo acusador alemán como causantes de aquella crisis, junto a la malagueña Frunet Bío, que mantiene que le supuso, a esta última, unas pérdidas de 2,2 millones de euros.

Juan Enrique Vargas afirma que "en Almería fuimos los principales afectados, nos machacaron y encima no nos dieron un duro, como a ninguna empresa, sólo se dio ayuda a los agricultores, matiza.

El productor almeriense de agricultura ecológica Miguel Cazorla asegura que dos tercios de las pérdidas económicas que tuvo durante aquellos días y que cifra en 1,2 millones de euros "aún no han sido recompensados".

Costa de Almería cifra las suyas en 1,6 millones de euros, "sin contar los daños futuros, los ocasionados a la imagen, sólo los kilos que hubo que tirar y las plantaciones que se arrancaron", apunta Vargas. Estos datos suponen que, en conjunto, las pérdidas ocasionadas a los que fueron acusados por Cornelia Prüfer-Storcks, senadora de Sanidad de Hamburgo, suman 6 millones de euros.

Sin embargo, la imagen es lo que más les ha costado recuperar. Al menos, reconocen que el sector sí ha salido reforzado en este sentido ante el consumidor nacional, mientras que en los mercados internacionales la batalla es más lenta. Y la guerra no está ganada aún.