Almería

Los regantes de Rambla Morales acorralados

  • Una desaladora parada, deuda con La Caixa que supera los cien millones, demandas a los regantes, falta de agua y una querella contra el expresidente García Pardo enturbian la comunidad

Los agricultores de Níjar comenzaron a agruparse en 1998 con la intención de poner en marcha una desaladora, que sin saberlo les traería por el camino de la amargura hasta el día de hoy. Aquella planta se recepcionaba en 2006 y se paralizaría en 2007 hasta 2009. Actualmente no da servicio. A mediados de 2008, los comuneros de Rambla Morales presentaron una moción de censura contra la entonces junta directiva, presidida por Antonio García Pardo, por su mala gestión. En los primeros meses del año siguiente se hacía efectiva la renovación de este órgano, del que Juan Garrido fue nombrado máximo representante. Fue entonces cuando se destapó la caja de Pandora que aglutinaba trabas enrevesadas desde que se recepcionase una desaladora demandada por los agricultores, que se construyó a trancas y barrancas, con dimensiones no solicitadas y que supuso un alto coste del agua para los comuneros a la vez que los endeudaba con La Caixa, al contraer un préstamo superior a los 120 millones de euros para su construcción, y con otras empresas encargadas de la gestión de la misma como Técnicas Reunidas a la que se le adeudan otros 10 millones de euros.

Cuando Garrido llega a la presidencia de la comunidad se encuentra ya con un grupo que asegura no haber firmado nada y no quiere asumir ninguna responsabilidad en los costes de la desaladora. En marzo de 2010, cuando se suponía una inminente venta de la instalación a Aguas de las Cuencas del Mediterráneo S.A. (Acuamed), ya había una treintena de recursos de alzada ante la Agencia Andaluza delAgua(AAA) por parte de regantes que querían desvincularse del colectivo, de los cuales la gran mayoría se desestimaron o fueron inadmitos a trámite .

En julio de 2010 la comunidad de regantes hacía aguas y anunciaba su liquidación por el fracaso en las negociaciones con Acuamed para la venta de las infraestructuras y activos de la entidad, y por otro la ejecución por parte de La Caixa del 100% del crédito contraído en un único plazo que se fijó en el 22 de septiembre de hace dos años, que luego se prorrogaría, por lo que se convocó a asamblea.

Desde entonces y hasta mediados del pasado año, las asambleas y reuniones se sucedieron con la intención vender la desaladora y solventar la deuda. En un primer momento se cerró la comercialización de la infraestructura con Acuamed por 54 millones de euros, insuficiente para cubrir los gastos de la comunidad por lo que se emprendió la búsqueda de otras sociedades estatales para vender, por otro lado, la red de riego comunitaria. Nada se ha llevado a cabo.

En enero de 2011, se volvía a tratar en asamblea tanto el préstamo con La Caixa como traspaso de la desaladora, esto último sobre lo que no se debatió puesto que el primer aspecto resultó que por unanimidad no se novase el préstamo. Los comuneros decidieron no seguir adelante mientras la entidad financiera no cambiase aspectos relacionados con la amortización, avales e intereses. Los comuneros ya habían desembolsado 20,5 millones de euros en intereses y otros 20 millones correspondientes al préstamo, pero aún les quedaba pendiente una deuda de más de cien millones de euros con la entidad financiera y los 10 millones con Técnicas Reunidas. En junio de ese año Garrido llevó una ambiciosa propuesta que paliaría las deudas, pero fue rechazada porque los comuneros no quieren pagar ni un euro por algo que no aprobaron.

Paralelamente, en febrero de 2011, declaraban en el Juzgado el García Pardo y otras cinco personas más por la querella interpuesta por la junta directiva de Garrido por estafa, falsedad de documento público y privado, apropiación indebida y delitos societarios ycontra laHaciendaPública.

Para los comuneros, Antonio García Pardo firmó y autorizó, sin conocimiento y aprobación de la asamblea, contratos con proveedores con objeto duplicado, inexistente o innecesario en otros casos, por cuantiosas sumas de dinero y que fueron pagados con cargo al crédito que le había otorgado La Caixa, que debía ir íntegro a sufragar las obras; la comunidad expone que el daño causado excede de los 30 millones de euros.

La entidad financiera ya ha reclamado judicialmente los 103 millones que se le adeudan y ha demandado a los agricultores, lo que fue apelado por la comunidad sin éxito. En diciembre, Iluminada Fernández, esposa de García Pardo, relevó en solitario a Garrido y su junta de gobierno al frente de los regantes. El año acabó sin agua para los regantes, situación que continúa.

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