Uno de los negocios clandestinos que más ha crecido de la mano de la crisis económica en la provincia de Almería y en el resto de provincias andaluzas es el de los talleres mecánicos. Decenas de establecimientos sin licencia proliferan cada año tanto en la ciudad como en los municipios a pesar de los esfuerzos del sector por atajar esta forma de economía sumergida.

Los empresarios dedicados a la reparación de vehículos estiman que el número de talleres ilegales se ha duplicado en los últimos años. Así lo reflejan los propios afectados por esta situación, quienes incluso han llegado a plantearse el cierre debido a la fuerte competencia de precios y tarifas con las que muchos están trabajando.

Las estadísticas facilitadas por la propia Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Economía Innovación y Empleo, dan buena cuenta de la magnitud del problema. Sólo en el año 2012 la administración ha dado orden de clausurar hasta seis talleres de mecánica de coches que no tenían licencia y que por lo tanto trabajaban de forma clandestina, con el riesgo que comporta.

Además de las inspecciones que a diario realizan los inspectores de la Junta de Andalucía, también los agentes del Seprona de la Guardia Civil se encargan de controlar y vigilar este tipo de irregularidades. De hecho, según los datos facilitados por a Diario de Almería, en lo que va de año han llegado a la Delegación un total de 21 denuncias de la Benemérita para que se inspeccionen diferentes talleres de la provincia en los que los agentes han encontrado ciertas irregularidades respecto a las licencias u otras cuestiones que pueden derivar en sanción o directamente en la paralización de la actividad.

Hace apenas unos meses que la Junta de Andalucía ha concluido una campaña de inspecciones en el sector de la automoción, la cual ha dado como resultado el precinto de un total de seis establecimientos por parte de la Policía Nacional adscrita a la administración andaluza, o más conocida como Policía Autonómica.

Según reza en las conclusiones, la mayoría de los talleres que operaban de forma clandestina y que han sido paralizados y precintados, un 90% aproximadamente, incumplía la normativa o tenía defectos en la protección contra incendios.

La rápida proliferación de los talleres clandestinos hace que sea casi imposible cuantificar de forma exacta el número de negocios ilegales que hay en Almería, por lo que los trabajadores del sector animan a los ciudadanos a denunciar ante la Guardia Civil o cualquier autoridad en caso de localizar alguna irregularidad significativa en talleres que hayan visitado. Con esta colaboración, están seguros de que los seis talleres que se han clausurado este año en la provincia se convertirán en muchos más, y la cifra de sanciones se acercará más a la realidad del sector, que está sufriendo una competencia desleal que acarrea un grave desprestigio.

En Almería hay actualmente, según los datos facilitados por la Delegación de Economía, Innovación y Empleo de la Junta de Andalucía, un total de 1.230 talleres mecánicos autorizados y que anualmente pasan sus revisiones.

La bajada de la actividad, sin embargo, que están soportando estas empresas, la mayoría familiares, no se debe únicamente a la proliferación de negocios ilegales, sino que parte de esta disminución es consecuencia de que el cliente ajusta al máximo las revisiones de su vehículo, "encarga lo mínimo, lo suficiente para que su coche pueda circular", según indicó a Diario de Almería el titular de uno de los talleres que operan en la capital, quien además aseguró que "cada vez es más frecuente que los clientes pidan presupuestos en muchas empresas distintas para comparar, y valoran hasta el último céntimo". Todo esto, unido a la falta de financiación, hace una gran bola que rueda en contra de la actividad laboral para los talleres de automoción.

La cuantía de las sanciones que la Junta de Andalucía impone a los talleres que operan de forma ilegal, con irregularidades o sin cumplir estrictamente las obligaciones que contempla la Ley, van desde los 1.000 hasta los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la misma, así como de la reincidencia del titular del mismo. Durante las inspecciones, los agentes o personas autorizadas se encargan de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad, así como de verificar si el tratamiento de los residuos tóxicos que generan cumplen con la normativa. Y es que el tratamiento incorrecto de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y para la seguridad de las personas, tal y como explicaron a este periódico los técnicos de la Delegación de Innovación, Economía y Empleo de la Junta de Andalucía.