"Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia". De la frase del ya desaparecido José Saramago se puede vislumbrar que en la provincia de Almería hay mucho olvido y demasiada indiferencia. Los años pasan y la mayoría de las iniciativas de los colectivos memorialistas para honrar y recordar a las víctimas de la dictadura franquista, casi 75 años después del final de la Guerra Civil, permanecen en el cajón de la amnesia por la falta de acuerdo entre partidos en la mayoría de ocasiones, por falta voluntad política en otras tantas. El entendimiento de izquierda y derecha en nuestra provincia se resquebraja cuando se toca la memoria histórica y son muchos los ejemplos de varamientos de propuestas en la playa del olvido.

El intento de la asociación Memoria y Libertad, en manos de Paco Ortega, hijo del que fuera alcalde de Gádor y represaliado por el franquismo, de construir un monolito con el que rendir un homenaje a los 371 almerienses fusilados en el camposanto de San José ha sido neutralizado una y otra vez, ahora porque no hay dinero, antes porque había demasiado. Llevan más de diez años diseñando un monumento a las víctimas de la barbarie, pero nunca llega el trámite final pese a contar con el ofrecimiento de los empresarios del mármol para la elaboración de una estatua. Tras la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica en 2007, Ortega Rayo llegó a contar con financiación de la Junta de Andalucía, pero eran otros tiempos y la financiación se quedó en la cuneta a la espera de la nueva Ley de Memoria Democrática. El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, tiene claro que no existe ninguna traba por parte del consistorio a que se construya el monolito, siempre y cuando se respeten los nichos y enterramientos de particulares en la zona que se ha determinado sobre la fosa común. El edil del Partido Popular, con un abuelo republicano cuyo hermano fue represaliado en la dictadura, ha manifestado que tampoco habrá ni ha habido "obstáculos" para la exhumación solicitada en su día de Martín Márquez Navarro, alcalde de Cuevas del Almanzora. "Cuando se iniciaron los trámites sólo pedimos conocer el lugar exacto de la fosa común y saber quién iba a asumir los gastos de la exhumación y en el último año y medio no hemos vuelto a saber nada", aclara Carlos Sánchez. No será la única.

A la ya tramitada petición para la exhumación del último regidor republicano de Cuevas hay que sumar cuatro más, cuya solicitud se ha cursado ante la justicia en los últimos meses, por parte de familiares de represaliados que están integrados en el colectivo Memoria y Libertad. El abogado de la asociación ha iniciado una batalla judicial con la que buscan recuperar los restos mortales de, tal y como explica Ortega Rayo, "personas que perdieron la vida por la democracia que merecen un monumento y un entierro con dignidad". La exhumación de los cuerpos de víctimas ejecutadas durante la contienda enterradas en el cementerio de Sierro es, de momento, la única con luz verde por todas las administraciones implicadas. Se han recuperado los cuerpos de los maquis Rafael Jiménez y Fuentes Agüero.

En la provincia sólo existe una fosa común en el cementerio de la capital, según el historiador Rafael Quirosa. Su publicación Política y Guerra Civil en Almería (1986) cifra en más de 7.000 los procesados, siendo más de 400 los muertos tras la Guerra Civil de los que 371 fueron fusilados en el camposanto de San José.

Otro de los frentes abiertos, sin demasiados avances, es el de la retirada de las calles y edificios de los símbolos franquistas, tal y como marca la Ley de Memoria Histórica de 2007. Precisamente hoy será presentado un informe abierto por parte del Foro por la Memoria de Almería en la que se enumeran elementos falangistas que siguen repartidos por toda la ciudad, exaltando una etapa de la historia española para olvidar. Su presidente, Fernando Díaz Haro, explicó ayer a este diario que presentarán una carta a los grupos políticos municipales y al alcalde de Almería documentada con estudios de los historiadores de Almería para instarlos a que fomenten su retirada, tal y como marca la legislación vigente.

El responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Almería, Rafael Salazar, viene trabajando desde su llegada al cargo en esta ocupación ligada a la memoria histórica y asegura que "a veces nos encontramos poca voluntad política a la hora de acabar con estos símbolos que son una ofensa a la Constitución y a los valores de la democracia". La administración andaluza no ha dado ni mucho menos buen ejemplo y mantiene en edificios públicos alguno de los elementos a suprimir. El que fuera alcalde de Almería y catedrático de Historia Contemporánea, Fernando Martínez, entiende que "sigue siendo necesario que desaparezcan" y pide agilidad a las administraciones. No se puede pasar página en un libro por escribir.