Ni rastro de los portadores de los cheques. Una cuenta oculta a la intervención, ajena a cualquier control y fiscalización, ha hecho posible la volatilización de cerca de 300.000 euros de los fondos públicos, de los impuestos de los ciudadanos, hacia un destino sin justificar y con destinatario no identificado, de momento. Decía William Shakespeare que ningún legado es tan rico como la honestidad. El actual delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, dejará cuando se marche la mejor de las herencias en un departamento en el que ahora ha quedado claro que durante los últimos años no se han hecho bien las cosas y desde un despacho al que no tenían que haber llegado nunca los sillones de piel ni las televisiones de plasma. Habrá puesto punto y final a una práctica habitual, al menos entre el 2 marzo de 2009 y el 28 noviembre de 2012, de malversación de los caudales públicos por la que se ha saqueado una cuenta destinada a los ingresos del Fondo de Mejora Forestal procedentes de las tasas cobradas a los pastores, agricultores y cazadores iniciadas en tiempos del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

No vaciló ni un sólo instante y se personó ante la justicia sin ni siquiera llamar a los exdelegados anteriores, Clemente García y Sonia Rodríguez, para pedirles explicaciones por el hallazgo de una cuenta bancaria fantasma ante cualquier mecanismo de control. En el mismo momento en el que la secretaria general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, María Rosa Plaza Olivares, llegó a su despacho con el informe de los últimos movimientos de una cartilla en la que aún figuraban como claveros un excargo político y un funcionario cesados hace años, Ortiz Bono tenía claro que tenía que llevar el asunto a los tribunales. Y así lo hizo. No pintaba nada bien. Estaba ante un fraude en toda regla.

El descubrimiento fue posible gracias al proceso de fusión de consejerías, de la de Medio Ambiente con la de Agricultura y Pesca. Debido a esa decisión de Griñán se realizó un balance de todas las cuentas existentes y sus movimientos. Ortiz Bono pidió explicaciones a los responsables de la contabilidad sobre el ocultamiento de la cuenta y sobre los posibles destinatarios de los más de cien talones al portador que habían recibido fondos públicos y nadie quiso o supo despejar las incógnitas. Sólo silencio.

En enero presentó la denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería y hace unos días, el pasado martes, ratificó todo lo expuesto ante la instructora del ya denominado como caso de los cheques, la jueza Alejandra Dodero. A Ortiz Bono le preocupa que esta retirada de fondos de una cuenta sin fiscalizar también se haya producido con anterioridad a las irregularidades detectadas en los últimos cuatro años. En eso ya está la justicia que tiene que revisar todos los reintegros de una cuenta que se remonta a la integración de un organismo estatal en la administración andaluza tras su desaparición en 1991. Eso sí, el delegado ordenó bloquearla. Quedaban poco más de 20.000 euros. Será también la jueza Dodero la que determine quién se ha llevado el dinero, el portador de los cheques, y no va a ser tan difícil porque la entidad bancaria debe tener registrados el listado de movimientos.

Los claveros de la cuenta son Clemente García, que fue delegado entre, y el exsecretario de la Delegación de Medio Ambiente, Augusto Ignacio Segura de Torres, conocido como Tito. Eran las únicas personas autorizadas para disponer los reintegros que se han venido realizando en los últimos cuatro años. Los dos ya fueron denunciados durante su gestión por la mercantil Círculo Agroambiental por presunta prevaricación administrativa al parar la construcción de un hotel en el Campillo de Cabo de Gata. A pesar de que habían dejado de formar parte de la estructura de la Delegación en verano de 2010, sus nombres seguían ligados a la cuenta fantasma, perteneciente a la sucursal del BBVA en la calle General Tamayo, a cinco escasos metros de las dependencias de Medio Ambiente.

Pero hay otras dos personas que han sido señaladas en esta trama, los funcionarios Miguel Gallardo y Javier Torres. El primero fue cesado en su día por Clemente García y cuando se marchó logró reincorporarse manteniendo sus responsabilidades en la gestión económica de las cuentas. Sus compañeros, un grupo de una veintena de profesionales, ha defendido estos días su inocencia dirigiendo el foco de una presunta malversación hacia los excargos políticos. "Lleva más de un cuarto de siglo llevando la contabilidady administrando esa cuenta y sólo se han registrado movimientos sin justificar en los últimos cuatro años. Esos son los hechos que la justicia debe aclarar", precisaron a este periódico.

Gallardo ha vinculado la fuga de capitales, a través de casi un centenar de talones inferiores a los 3.000 euros, a los claveros, Clemente y Tito. Su versión es que emitió los talones recibiendo órdenes de sus exjefes, mientras que el exdelegado niega la mayor y reitera que nunca firmó ningún talón, ni durante su gestión ni muchos menos después. Torres, que también ha sido citado para declarar por la jueza instructora, fue trasladado a la Delegación de Economía y todavía no ha dicho ni una sola palabra. Esta semana lo tendrá que hacer al comparecer ante la justicia, al igual que el exdelegado García Valera.

El personal de los diferentes programas y departamentos de la Delegación, aún teniendo la posibilidad de acceder al dinero de la cuenta investigada, nunca lo hizo creyendo que su uso tenía requisitos muy estrictos a la hora de poder justificar el gasto. Los percibían como fondos inaccesible, de obligada excepción. Nada más lejos de la realidad. El dinero se estaba diluyendo gota a gota sin que nadie acreditara para qué ni para quién. Y una segunda cuenta bancaria podría agrandar aún más el agujero negro encontrado en la gestión económica de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Fue creada para los intereses que generaba la cartilla que ha sido saqueada y tenía un ritmo de crecimiento de 1.400 euros cada trimestre. La salida fraudulenta de los fondos públicos, que debieran ser revertidos en la reforestación y mejora de los montes, sólo los podrá aclarar el personal de la oficina del BBVA dónde se retiraron los cheques y se creó la cuenta de los intereses. En el mes de septiembre de 2011 se produjo un movimiento que dejó la cuenta en cuestión a cero, pero posteriormente se anuló procediendo al reingreso. Los últimos cheques se retiran de la cuenta el 28 de noviembre de 2012 siendo inferiores a 3.000 euros, como venía siendo habitual, lo que permitía, según marcaba durante ese periodo la Ley Cambiaria, cobrar el dinero sin que fuera necesario presentar DNI, NIE o pasaporte a no ser que el empleado de la entidad financiera considere que existen indicios de fraude fiscal, blanqueo de capitales o dudas sobre la tenencia legítima del cheque.

El Partido Popular de Andalucía ha pedido explicaciones a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, por el posible uso fraudulento de fondos públicos. El coordinador de Economía y Empleo del PP-A, Rafael Carmona, cargó en rueda de prensa este miércoles contra el "descontrol" de la tesorería e incidió en la mala práctica que conlleva el uso de talones al portador para realizar pagos con fondos públicos. "Es un medio de pago excepcional. El talonario debe estar custodiado en la caja fuerte del centro. ¿Por qué había uno sin ningún tipo de vigilancia en la Delegación de Medio Ambiente de Almería?".

Los populares iban a presentar el miércoles una batería de preguntas a Martínez Aguayo, quien parecía que iba a comparecer a petición propia para explicar lo ocurrido mientras se avanza en la investigación judicial, pero finalmente lo hará el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas. El PP pide que se asuman responsabilidades políticas y su presidente regional, Juan Ignacio Zoido, rechaza cualquier paralelismo con las facturas localizadas en el Ayuntamiento de Tomares por gastos de protocolo denunciados por la oposición. Pondrán sobre la mesa datos preocupantes. El último informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía presentó el pasado año encontró incidencias en 28 de las 30 cartillas (93%) del aparato de la Junta en Almería. Peor imposible.