Almería

Los expertos en Derecho vaticinan una "marea de litigios" en la costa

  • Almería acoge el primer evento científico del país sobre el impacto de la nueva Ley 213 viviendas y 105 instalaciones turísticas quedan fuera de peligro

¿Más protección o privatización? La Universidad de Almería fue escenario ayer del primer debate de la comunidad científica sobre la reforma de la Ley de Costas y su impacto económico y social. El Grupo de Investigación Ciencia y Derecho en el Siglo XXI organizó, en colaboración con el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CeiMar), el II Simposio de Actualización del Derecho Administrativo Planificación y Protección del Litoral tan sólo un día después de que la nueva norma fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. El catedrático de Derecho Administrativo de la UAL y director del evento, Juan Francisco Pérez Gálvez, incidió como uno de los grandes efectos en la "marea de litigios" que va a conllevar, incluso superior a la que se vivió con la anterior ley de 1988, por parte de propietarios que en su día perdieron derechos y ahora van a disponer de nuevas posibilidades y también de otros que se verán desafectados con los nuevos deslindes. "Tenemos más de 8.000 kilómetros de costa en los que se concentra más del 40% de la población. Habrá que esperar al reglamento que presente el Gobierno en cuestión de cinco o seis meses, pero el colapso judicial suele ser consustancial a una ley de esta naturaleza". En este sentido se pronunció también el José Ramón Martínez Cordero, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, al argumentar que la modificación implica la revisión de deslindes y en algunos casos la reintegración en el dominio público. "Casi la mitad de deslindes se recurren en la Audiencia, pero sólo son estimados un 10% de recursos por defectos de forma", argumenta.

Ángel Moreno, catedrático de Derecho de la Universidad Carlos III, planteó que se ha optado por un modelo confrontacional que implicará la judicialización de los procedimientos y también que se eternicen en el tiempo al dejar en manos del Gobierno la potestad de paralizar cautelarmente los acuerdos locales con la conocida como cláusula anti-Algarrobico vía contencioso-administrativo. La nueva Ley de Costas, a juicio de Pérez Gálvez, dará paso a una mayor privatización del entorno de la costa, si bien contempla otras opciones, como ampliar las concesiones a los chiringuitos a cuatro años, que parece lo más razonable. El catedrático cree que se podría haber legislado con más rigor al dejar vacíos como el articulado de la servidumbre de protección en el que se prohibe edificar una vez que se permite que pase a suelo urbanizable. "¿Cómo van a controlar que no se construya en suelo urbano?", se pregunta al tiempo que critica, como jurista, las "excepciones" planteadas en supuestos como el trato diferenciado a Formentera y doce núcleos urbanos.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se reunió con los jefes provinciales de Costas para abordar la nueva normativa y argumentó que se pretende resolver los problemas antiguos no resueltos con la Ley de 1988 sin que implique ni un edificio más en el litoral. No hay amnistía. Es el mensaje lanzado por el Gobierno, sólo soluciones a viviendas en el limbo jurídico o situaciones de alegalidad.

En la provincia de Almería la nueva ley permitirá preservar 105 instalaciones turísticas (12 hoteles y 93 restaurantes y chiringuitos) que generan 3.500 empleos y facturan 36 millones de euros. Además, se salvarán 213 viviendas y otras 3.565, las de servidumbre de protección, se podrán modernizar sin aumentar en superficie, volumen o altura después de casi 25 años sin poder realizar obras. En Almería no se tramitaron los deslindes hasta 1998, diez años después de la aprobación de la ley. El 96% de los 245 kilómetros de costa de la provincia cuenta con deslinde.

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