"Desde hoy comenzará a suministrar el agua a todo el Levante la desaladora de Carboneras mientras se termina una nueva planta de tratamiento que permita reducir los niveles de trihalometanos (THM) hasta lo que marca la ley. La alarma causada por el delegado de Salud de la Junta en Almería, Alfredo Valdivia es totalmente injustificada". Fueron los dos principales y contundentes argumentos que ofreció ayer el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat quien, acompañado del vicepresidente de la institución y de los responsables de Galasa, quiso defender la gestión que se ha hecho desde que se conoció que los THM por efecto de las inundaciones que sufrió el Levante el pasado mes de septiembre, han sobrepasado los 100 microgramos por litro hasta llegar a los 115, "cuando hace tres años estaban en 150".

Amat, así como los técnicos de la empresa suministradora de agua a la comarca, quisieron garantizar que "no existe ningún riesgo para la salud de las personas que las consuman". De hecho, ofrecieron el dato de que tiene una "afección de uno cada 100.000 siempre que se consuman estos mismos niveles durante 70 años". La actuación de Galasa, según explicó su gerente Juan Ignacio Moya, "fue la de comunicar de manera inmediata a la Delegación de Salud que se habían sobrepasado esos límites y las medidas que íbamos a tomar de manera inmediata para proceder a su resolución de la manera más rápida posible".

La primera, según Amat, es la de proceder a la conexión de la red de suministro a la desaladora de Carboneras, para lo cual se han "mantenido conversaciones con Acuamed para que se haga desde mañana (por hoy) mismo". Después, estaría la construcción de una planta de tratamiento de clorificación del agua que permita solucionar los inconvenientes de una manera definitiva. Según explicaron los técnicos, "se trata de un problema que viene desde las inundaciones de septiembre. Hasta ese momento el agua procedía de las conexiones del trasvase Tajo-Segura y del Negratín; como consecuencia de los daños originados tras la riada, esta se hace desde el embalse, que tiene unos niveles de materia orgánica más elevados que los anteriores".

Este cambio junto con el "aumento de las temperaturas, ha sido el causante de que el tratamiento que se seguía hasta el momento con cloro gaseoso, no sea suficiente para reducir los niveles de THM por debajo de 100 tal y como marca la legislación". Por ello, se han tomó la decisión, "de acuerdo con el presidente de la Diputación, de proceder a la construcción con un presupuesto de entre 50.000 y 60.000 euros de otra planta de tratamiento, en esta ocasión con Dióxido de Cloro, que permitirá reducirlos por debajo de 100". Según el gerente, "se trata de una reacción química muy compleja y lenta, ya que cuando sale de las plantas de tratamiento sí se encuentran por debajo de ese límite, mientras que cuando llega a los consumidores se encuentra ligeramente por encima".

Hasta aquí las explicaciones técnicas. Lo que siguió fue una batalla política como las que acostumbran a librar en cualquier terreno los dos grandes partidos provinciales. La primera andanada fue de Gabriel Amat y tuvo al propio delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Alfredo Valdivia, como diana. Según el presidente de la Diputación, el representante de la Junta "conocía que se trataba de un asunto que se iba a solucionar en unos pocos días y aún así quiso alarmar a la población de una manera absolutamente injustificada" y le recordó "sus propias responsabilidades al frente del tratamiento de las aguas residuales. Nosotros nos hemos puesto a trabajar y a solucionar de manera inmediata un problema. Habrá que preguntarle, por ejemplo, porqué permite que se viertan las aguas fecales sin ningún tratamiento en el río Antas". Amat también quiso recordar que la institución "ha invertido más de 10 millones de euros en obras de alcantarillado y potabilización de agua en todos los municipios de la provincia que muchos de ellos aún no la tienen y ese es un problema en el que la Junta tiene su responsabilidad y que debería estar solucionado".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quiso "dejar claro que en ningún momento la Diputación, ni su presidente han intentado ocultar ningún dato a la población. Lo que se ha tratado es solucionar un asunto urgente de una manera rápida, sin causar ningún tipo de alarmas tal y como ha hecho el delegado".

También el consejero delegado de Galasa, Antonio García, quiso recordar que fue la propia empresa "tal y como nos exige la ley, la que comunicó que existía ese problema, a pesar de que queremos insistir que el riesgo potencial para la salud es prácticamente nulo. Lo detectamos, lo pusimos en conocimiento del presidente de la Diputación y este, no en unos días, sino en ese mismo momento, nos prometió una solución urgente, por lo que la alarma social que se ha generado no está justificada en absoluto. Se solucionó en 24 horas".

Lo que no quiso aclarar Amat es el coste que tendrá el agua desalada: "Me han dicho que no me preocupe, que me van a hacer un buen precio".