La provincia más seca del país, la que mejor ha sabido exprimir sus recursos hídricos en las últimas décadas, sigue teniendo graves problemas con el ciclo integral del agua por el histórico déficit de las infraestructuras de depuración y saneamiento, principalmente en los municipios del río Andarax. La Junta de Andalucía creó a finales de 2010, a raíz de la aprobación de la Ley de Aguas, la figura de obras interés público para dar prioridad a actuaciones con las que proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales y en la provincia catalogó un total de 38 proyectos necesarios, de los que sólo unos cuantos se han culminado desde entonces. De hecho, una de las prioritarias, la de conducción de los vertidos desde la comarca del Bajo Andarax a la capital, no se ha podido reiniciar (en su segunda fase) hasta el pasado mes de abril con una inversión aproximada de 46 millones de euros este año si se cumple el plazo comprometido de finalización situado en enero de 2014. Una infraestructura que no servirá de mucho, si no se realiza de forma paralela la ampliación de la depuradora de El Bobar a la que llegarán los vertidos de otros 50.000 vecinos.

La Ley Integral del Agua quiere implantar en el horizonte de 2015 los sistemas de depuración en el 100% de municipios, tal y como marcan con amenaza de sanción las directivas comunitarias de la Unión Europea, y desde que fue aprobada en julio de 2010 apenas se ha movido ficha en la provincia, a pesar de que era referente en la gestión de las aguas fecales al avanzar más y con antelación al resto en la costosa batalla por la calidad de las aguas. La Junta ha situado el acceso a la depuración en un 90% de la población, cifra que no se correspondería con los municipios afectados por obras pendientes, nada menos que 69.

Desde hace un par de años, ya en plena crisis, se realiza el cobro de un 'plus' a los almerienses cada mes en su factura por parte de las concesionarias del agua, que las incrementó entre un 7 y un 10%, con el objetivo de financiar estas infraestructuras de saneamiento y depuración sin ejecutar todavía. Este canon establecido en la Ley de Aguas de Andalucía 9/2010 de 30 de julio tiene carácter finalista, es decir, obliga a la administración a destinarlo a la ejecución de obras hidráulicas declaradas de interés. Se fijaron 300 en las ocho provincias sumando en torno a 1.765 millones de euros. La gran mayoría están reprogramadas y los plazos de elaboración de los proyectos y actuaciones están muy comprometidos para llegar a tiempo. Pueden llover las sanciones de Europa. De hecho, España ya tiene abiertos dos procesos sancionadores por no recoger las aguas residuales en diferentes núcleos, 13 de ellos en Andalucía. El secretario general de Medio Ambiente y Agua, Sergio Moreno, reconoció hace unos días la parálisis de las obras e hizo hincapié en la priorización para este año de las inversiones en materia de agua. Es la única partida que crece en los presupuestos (349 millones en 2013 que se ejecutarán al 100%).

A pesar de generar en torno a 22 hectómetros cúbicos en procesos de reutilización, la provincia ya ha dejado de ser pionera porque esta treintena de proyectos no acaban de salir del cajón de la Consejería de Medio Ambiente. Las empresas del sector del agua, agrupadas en la Asociación de Agua y Abastecimientos (ASA) de Andalucía, han hecho un llamamiento a la Junta para el desarrollo de un Plan de Depuración por provincias que contempla en Almería la puesta en marcha de los 38 proyectos que fueron declarados de interés público y estiman la inversión en torno a los 164 millones de euros. La administración andaluza, a la hora de explicar el canon, subió la inversión que se ejecutaría a 216,5 millones y anunció la creación de 3.500 puestos de trabajo.

El portavoz y adjunto al director de ASA, Antonio Jiménez, critica que desde el comienzo del pago del canon se han recaudado a los usuarios en sus recibos más de 100 millones de euros que no han repercutido en la mejora de estas infraestructuras y exigen que la Junta establezca acuerdos provinciales en los que se incluyan una la lista de actuaciones y los estudios de viabilidad financiera de cada proyecto. Las empresas ya están siendo sancionadas por vertidos y en 2015 serán las corporaciones municipales las que hagan frente a las multas de la Comisión Europea. El eterno incumplimiento del acuerdo del 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno genera un "riesgo real", según ASA, para el medio ambiente vinculado al mal funcionamiento de unas obras obsoletas y necesitadas de una mejora urgente.

La Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamientos va a informar puntualmente a todos los usuarios sobre la recaudación de las empresas del ciclo integral urbano del agua en Andalucía por el canon de infraestructuras hidráulicas de depuración y de su primer informe, presentado este año, se desprende que entre todas las entidades gestoras de la provincia se han recaudado a través de los recibos del agua en el primer trimestre un 20% del total de Andalucía, unos 300.000 euros. Entre los años 2011 y 2012 se han embolsado en torno a diez millones de euros que serán 16,3 cuando concluya el actual ejercicio.

El portavoz y adjunto a la presidencia de ASA, Antonio Jiménez, asegura que son 114 millones los percibidos en Andalucía desde 2011, 20 en el primer trimestre de este año. En el informe elaborado por ASA-Andalucía se recoge también la evolución de las 38 actuaciones pendientes en la provincia. De ese listado inicial aprobado por la Junta, algunas infraestructuras se iniciaron, como la EDAR de Huércal Overa (8 millones), pero pocas se han completado, como ocurrió con la de Líjar, y también es cierto que se deberían incorporar otras tan necesarias como la depuradora de Antas tras ser destrozada a finales del pasado año a consecuencia de las riadas de la gota fría en el Levante. La Diputación invertirá 150.000 euros en una solución provisional que contempla desviar las aguas residuales a Vera, pero demanda a la Junta que se haga cargo del arreglo de la depuradora.

Entre las infraestructuras sin compromiso real de ejecución aparecen la ampliación de colectores o de la red en Armuña y Tíjola; la adecuación y mejora de la EDAR de Suflí y EDAR y colectores en Laroya, Sierro, Partaloa, Somontín, Castro de Filabres, Gérgal, Senés, Laujar de Andarax, Padules y Paterna del Río; la ampliación de las EDAR de El Bobar, Tíjola, Cantoria, Pulpí, El Barranquete, Roquetas de Mar. La construcción de la EDAR y colectores en Almería, Alcóntar, Bacares, Albox, Arboleas, Zurgena, Antas, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Huércal-Overa, Mojácar, Oria, Albánchez, Cóbdar, Lubrín, Alcudia de Monteagud, Tahal, Benitagla, Uleila del Campo, Benizalón, Chirivel, Vélez-Rubio, Níjar, Vícar, Alcolea, Alhama de Almería; la agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Almería, Huércal de Almería, Lúcar, Bédar, Los Gallardos, Níjar, Roquetas de Mar, La Mojonera, Abla, Abrucena, Alhabia, Alicún, Huécija, Terque, Bentarique, Íllar, Instinción y Rágol. Ayuntamientos como el de Roquetas han criticado la parálisis de la administración andaluza y han presentado una moción en la que recuerdan que los vecinos han pagado 2 millones de euros del canon de mejoras que contempla la Ley de Aguas de Andalucía y no llegan las obras de ampliación de la EDAR del municipio ni la agrupación de vertidos y colectores. Lo mismo han hecho desde el consistorio de La Mojonera, mientras que la Diputación, más centrada en los problemas de abastecimiento, ha tenido que asumir obras que no le corresponden como el colector de aguas residuales para Alicún, Alhabia, Terque y Alsodux, otro en Abla y un tercero en Alhama por la "incompetencia de la Junta y su falta de compromiso con Almería", tal y como denuncia el parlamentario andaluz del PP y diputado provincial de Fomento, Miguel Ángel Castellón.

Entre las actuaciones del ciclo integral del agua más importantes de la provincia, las empresas citan la ampliación de la depuradora de El Bobar, que tiene un coste aproximado de ocho millones de euros. El PP de Almería ya elevó al Parlamento de Andalucía una interpelación sobre el retraso de las obras de la planta de la capital. El parlamentario Castellón critica que la actuación debió comenzar hace más de un año y medio, fecha en la que se adjudicó el proyecto, y critica que "este incumplimiento con la depuradora de El Bobar provoca que 50.000 almerienses viertan aguas fecales al río Andarax". Un daño ambiental que el dirigente popular ha extendido al conjunto de pueblos de la comarca del río, desde Fondón hasta Padules, y al que no se busca solución desde la administración andaluza a pesar del, como califican al canon, "impuestazo" que aplican con la Ley de Aguas.

La Consejería de Medio Ambiente asegura que un 78% de la población tiene acceso a una depuradora y que invertirá 383 millones en las políticas de agua a lo largo de 2013, pero las obras que afectan a casi 70 municipios almerienses continúan paralizadas. Es más, viendo que no acaban de ver la luz, desde ASA se están planteando fórmulas de colaboración público-privada para poder completarlas antes de 2015.

En unas jornadas recientes, bajo el título Reflexiones en torno a infraestructuras de depuración de aguas en Andalucía, la asociación puso sobre la mesa la necesidad de apostar por una fórmula de colaboración público-privada porque en el sector están preocupados al ser ya conscientes de que algunos municipios andaluces no van a cumplir los plazos marcados por la Directiva Marco de la Comisión Europea sobre la Depuración de Aguas de diciembre de 2000 y serán sancionados respecto a las infraestructuras necesarias que deben ejecutarse antes de 2015. ASA-Andalucía ha ofrecido a la Junta la posibilidad de suscribir convenios para la construcción y financiación para apremiar la ejecución de las obras, respaldados por las garantías del cobro del canon de mejora autonómico de depuración. Pero no hay respuesta.

Los problemas de depuración afectan principalmente a los municipios del interior, si bien los vertidos acaban desembocando en el litoral, donde tampoco se cubren los niveles de depuración en los meses de verano al triplicar la población. Para una provincia que tiene como uno de sus motores el turismo de sol y playa es prioritario cumplir con el objetivo de la eliminación de los vertidos y la depuración de las aguas residuales. No hay tiempo que perder porque el plazo medio de licitación, adjudicación, redacción del proyecto de cada depuradora y su construcción no suele bajar de los 20 meses, según los informes de los colegios de ingenieros de caminos, canales y puertos. Las obras no pueden seguir estancadas.