La situación agónica de Calar Alto es una realidad que mantiene en vilo a trabajadores, usuarios de las instalaciones de España y de otros países europeos, así como a las fuerzas políticas de la provincia.

La preocupación ahora es máxima. Tanto por lo que se pierde con el cierre del observatorio en materia científica, como por la cantidad de millones que tendría que invertir España si llegado el momento no se logra salvar el proyecto y hubiera que desmantelar las emblemáticas cúpulas. Según explicó a Diario de Almería el delegado de personal de UGT, Ricardo Hernández, "el desmantelamiento del observatorio podría costar a España 40 millones de euros, que es lo que está reflejado en el convenio que se firmó en marzo de 2013 (vigente hasta 2018), y que por primera vez pasa a España (antes era de Alemania) la competencia de hacerse cargo de toda la situación y de dejar el cerro de Calar Alto como estaba antes de iniciarse las obras en 1973, es decir, como si allí no hubiera habido nada (restauración ambiental y paisajística)".

Desde los ayuntamientos, que son las administraciones más pequeñas y cercanas, hasta la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y la Junta de Andalucía han mostrado su preocupación. Sus representantes han alzado la voz en defensa de las instalaciones científicas más importantes de toda Europa y en apenas una semana han instado a los que tienen el poder en este centro a que hagan lo posible por mantener a flote un recurso tan importante en el panorama de la investigación a nivel internacional.

El presente y el futuro de Calar Alto pende de un hilo, y así lo han manifestado los trabajadores, que se ven "atados de manos" a la hora de llevar a cabo los proyectos que hay en marcha con el presupuesto fijado de 1,6 millones. Es la mitad de lo que haría falta para salvar la situación, según los cálculos de la plantilla.

La próxima semana será clave para el presente y futuro del observatorio, tras la reunión del lunes con la empresa en la que los trabajadores presentarán su propuesta.