Almería

La Fiscalía solicita la demolición de diecinueve viviendas en Cantoria

  • Los acusados afirman que el Ayuntamiento les dio consentimiento verbal

El fiscal de Medio Ambiente ha formulado escrito de acusación ante el juzgado número 2 de Huércal-Overa, contra los propietarios de la empresa Southern Spain Consultants, Karim Smit y Julio Piñero Pedrosa, acusados de un posible delito Contra la Ordenación del Territorio al promover y construir diecinueve viviendas unifamiliares en el paraje conocido como El Fas, en el término municipal de Cantoria.

En su solicitud, el fiscal, interesa se acuerde la demolición de lo construido con indemnización a cargo de los acusados a las personas que hayan celebrado contrato de compra en la cuantía de la cantidad pagada e, igualmente, pide que los acusados paguen el coste de la demolición, por lo que les solicita fianza de responsabilidad civil. El procedimiento penal se remonta, al menos, a comienzos del año 2006, fecha en que una patrulla del Seprona, con base en el municipio de Albox pone en conocimiento del juzgado número 2 de Huércal-Overa un atestado instruido por supuesto delito Contra la Ordenación del Territorio. Según se explica, "al detectar la existencia de 19 edificaciones, tipo viviendas unifamiliares, mientras presta servicio en el paraje denominado El Fas, término municipal de Cantoria.

En dicho atestado, el Seprona pone de relieve que, "los promotores y vendedores ahora acusados, manifiestan que las citadas edificaciones carecen de Licencia Urbanística Municipal, así como de dirección de obra, si bien las mismas han sido realizadas según un proyecto presentado en el Ayuntamiento para la realización de un plan parcial que pretende desarrollar en la zona". Desde el Seprona se indica en su atestado que los acusados manifiestan "que los inmuebles se encuentran vendidos, que disponen de conexión a la red de agua a través de la empresa Galasa, que en breve dispondrán de conexión a red de energía eléctrica a través de la empresa Endesa-Sevillana, y que la evacuación de las aguas residuales se realiza mediante depuradora individualizada para cada inmueble".

Así, cuentan con buena parte de los servicios urbanos propias de las promociones de viviendas que cuentan con licencia legal por parte de los Consistorios, aunque sin los procedimientos normales.

Ante estos hechos, el juzgado número 2 de Huércal-Overa ordena el día 26 de junio de 2006 la inmediata paralización de las obras, a la par que libra un oficio a Sevilla-Endesa y a Galasa, como adjudicataria del suministro de agua del levante de la provincia, "para que en las referidas edificaciones, a las cuales aún no haya llevado a cabo el suministro, se abstengan de realizarlo en el futuro, ante la ilegalidad de las construcciones", a diferencia de lo que ha ocurrido en El Fas.

Los compradores de las diecinueve viviendas con elevadas probabilidades de demolición, son en su mayoría ciudadanos británicos, algunos de los cuales solicitaron el asesoramiento de una abogada que, a su vez, usó en alguna ocasión un poder del vendedor de la vivienda supuestamente ilegal.

Del mismo modo, los compradores manifiestan que en todo momento los promotores y la mencionada abogada les indicaron que todo era legal.

El Ayuntamiento de Cantoria, empadrona a los propietarios en las viviendas ilegales, a pesar de que la Junta de Andalucía advierte al Consistorio de que "aún teniendo licencia municipal no se habrían seguido los trámites administrativos correctos al no haber solicitado, tramitado y aprobado el proyecto de actuación correspondiente".

Como consecuencia de esta situación enmarañada, varios de los propietarios afectados por la situación de ilegalidad de sus casas y el inicio de los procesos judiciales que pueden llevar al derribo de las mismas, se han dirigido al juzgado para solicitar la inclusión del delito de estafa en la causa seguida contra los propietarios de la empresa Southern Spain Consultants.

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