Suma y sigue. El alcalde de Almería y senador del Partido Popular (PP), Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha añadido 2,2 millones en materia de asuntos sociales al debe de la Junta de Andalucía. Concretamente ha cifrado en 2.246.000 euros, la cantidad que el bipartito (PSOE-IU) debe al Consistorio almeriense y que supone un "desfase" para las arcas municipales que se quedan con menos caja para atender otras competencias. El popular ha insistido en que "el problema de los recortes de la Junta está ocasionando serias dificultades para muchos ciudadanos". "La Junta invita pero no paga. Vende sus políticas sociales a las que hacemos frente ayuntamientos como el de Almería". Rodríguez Comendador ha detallado, que del dinero global que el Gobierno de Susana Díaz recoge del Estado, apenas invierten el 21% en políticas sociales, frente al 71,4% de inversión que realiza el Consistorio de la ciudad. El alcalde y senador del PP ha señalado que los ediles populares no van a ser impasibles y tomarán una serie de medidas ante esta situación de insostenibilidad. Entre estas ha apuntado el establecimiento de un calendario de pago para abonar las deudas pendientes con los ayuntamientos; garantizar el mantenimiento de todos los programas y proyectos sociales que se desarrollan en los ayuntamientos; y acelerar la ejecución del Plan de Cooperación Municipal, "especialmente la de las transferencias condicionadas, con la finalidad de que los consistorios no tengan que anticipar el dinero de las acciones a realizar". También exigirán acelerar la tramitación de concesión del Salario Social, "ya que actualmente tardan en conceder esta ayuda de emergencia más de 9 meses", o mejorar la gestión de la Ley de Dependencia y el pago "pues hay 55.000 personas con la prestación reconocida y esperando a percibirla". Además, ha reclamado la firma de convenios plurianuales entre ayuntamientos y diputaciones y la Junta de Andalucía para garantizar legal y económicamente los programas de carácter social -drogodependencia o inmigración- que están manteniendo los ayuntamientos; y la creación de un Fondo de Emergencia Social destinado a las Corporaciones Locales andaluzas, para hacer frente a las urgencias sociales. Parece que la Junta va a tener que romper la hucha para pagar deudas. También el Ayuntamiento de Huércal-Overa ha iniciado expediente de embargo a la Administración autonómica por el impago del IBI del pantano desde el año 2012, dando un paso más ante las numerosas misivas enviadas y que no han tenido respuesta alguna. La cantidad que el Consistorio reclama a la Junta en el expediente de embargo es del IBI del pantano vencido de dos años, que hace un total de un 1.300.000 euros, a los que hay que sumar 262.278 euros de apremio y 74.800 euros por demora. El impago de la deuda ha obligado al Ayuntamiento a solicitar dos pólizas de crédito de 300.000 euros cada una para hacer frente a los pagos a proveedores. La deuda va más allá. Recientemente, el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha expresado el descontento de la institución provincial hacia la Junta de Andalucía por la deuda que mantiene, que supera los 5 millones de euros. "Exigimos a la Junta que pague sus compromisos, ya que Diputación está cumpliendo su parte", explicaba el vicepresidente. Aureliano apuntaba también que desde la institución provincial se sienten "despreciados" por la Junta , que no realiza inversiones de fondos propios en Almería , ya que parece que la provincia almeriense "no es una prioridad para la Junta de Sevilla". "Almería es maltratada por la Junta , y exigimos que los servicios sociales en nuestra provincia sean una prioridad., Los ayuntamientos están asfixiados por suplir necesidades que corresponden a la Junta ". "No nos van a callar, sino que vamos a reivindicar lo que es de Almería ", sentenciaba.