Almería

Una treintena de alcaldes y concejales en los tribunales

Suma y sigue. El desfile de alcaldes, concejales y excargos públicos de los ayuntamientos de la provincia es una estampa ya casi habitual en el día a día de los juzgados almerienses. Almería vive un goteo incesante de declaraciones, vistas y sentencias en los tribunales en los que los políticos son protagonistas que, lejos de frenarse por la crisis, se ha incrementado como uno de los efectos derivados de la burbuja inmobiliaria. La mayoría de los pleitos que hoy entran en recta final de condenas y absoluciones son precisamente los relativos a los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio cometidos en los años de mayor fiebre del ladrillo. El punto de inflexión se sitúa en abril de 2008 con el estallido de la Operación Costurero por el que se detuvo al alcalde y concejal de Urbanismo de Zurgena, así como de arquitectos, abogados y promotores, pero este aviso para los navegantes de las aguas turbulentas no fue el principio. La Fiscalía de Medio Ambiente había cerrado el ejercicio de 2007 con 13 alcaldes imputados por delitos de prevaricación urbanística. Poco después le siguió el mayor golpe contra la corrupción en Almería, la Operación Poniente, que permitió desmantelar un entramado empresarial montado en torno a la empresa municipal de obras y servicios Elsur. El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, y una veintena de empresarios y técnicos fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de dinero y malversación de caudales públicos. Ambos procesos siguen atascados en la Ciudad de la Justicia, el ejidense pendiente todavía de juicio y el zurgenero en medio de un laberinto de sentencias de absolución y condena. De hecho, el Ministerio Público llegó a pedir imputándole un centenar de delitos penas que suman 180 años de prisión y 1.050 de inhabilitación especial para su exalcalde, Cándido Trabalón, quien hoy sigue como concejal de Obras Públicas por el Partido Andalucista, formación en la que curiosamente ya no milita. En los últimos años han sido ya una treintena los alcaldes, concejales y exrepresentantes municipales de los municipios almerienses los que se han tenido que sentar en el banquillo de los acusados, convirtiendo a Almería de una de las provincias de mayor litigiosidad política. Y es que los escándalos no cesan. De legislaturas anteriores siguen pendientes de resolución la desaparición de cheques de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el vaciado de más de medio millón de euros de las arcas del Patronato Provincial de Turismo a través de facturas falsas. No es la primera vez que la Diputación figura en los sumarios. Durante la alianza de PSOE y el PAL de Enciso se llevó a juicio la polémica de los asesores que no iban a trabajar, si bien la Fiscalía acabó archivando la causa. Años antes fue condenado a pagar el popular José Luis Aguilar casi 6.000 euros por talones no justificados en la gestión de ACL Radio. Y hay mucho más, no sólo en las instituciones locales en las que destacan por recientes las imputaciones de Gabriel Amat y seis concejales de Roquetas por la aprobación de la licencia que permitió la construcción de diez chalés en La Fabriquilla en 2007 y la del alcalde de Albox, Rogelio Mena, para el que la Fiscalía solicita dos años y medio de inhabilitación especial por impedir la labor de la oposición al denegarle expedientes de contratación y facturas. La jueza Alaya mantiene el embargo y cargos al exlíder de los socialistas almerienses, Martín Soler, por el caso de los ERE y mantiene abiertas las investigaciones relativas a los cursos de formación en la provincia.

Los partidos aseguran que los cargos imputados en caso de corrupción, casi mil en España, no tienen sitio en sus listas, pero los acusados repiten año tras años, como se verá en las municipales de mayo. En Almería hay condenas firmes de inhabilitación de cargo especial que se cumplen a duras penas y ni PSOE ni PP han mantenido una posición tajante a la hora de elaborar sus listas y mucho menos en el momento de los pactos.

El Ejecutivo de Rajoy ha lanzado en la recta final del año su programa de regeneración democrática con un anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad financiera de los partidos, otro de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración general del Estado y se van a endurecer las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción, iniciativas que si se hubieran aplicado en los años de bonanza, cuando las arcas de las instituciones públicas no estaban tiritando como hoy, habrían evitado el saqueo permanente y las irregularidades asociadas, sobre todo en las comarcas del Levante y Almanzora, a la burbuja inmobiliaria por la que se construyeron más de 13.000 viviendas fuera de ordenación. Precisamente este viernes en la junta provincial del PP, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, defendió que la política es una "profesión de gente muy honesta y honorable pese a unos cuantos corruptos que hemos limpiado". A su juicio, "ahora hay cosas que se ven en los tribunales que antes no se veían porque sencillamente los que tenían que controlar, miraban para otro lado". Lo más curioso es que horas antes de su intervención, Hernando había sido condenado por la justicia a pagar 20.000 euros a UPyD de Rosa Díez por lanzar acusaciones falsas sobre su financiación ilegal.

Y es que las acusaciones suelen tener a veces más repercusión que los propios delitos y al que señalan suele tomar medidas como en su día hiciera el PP de Alsodux al querellarse contra el exsecretario general del PSOE de Almería, Diego Asensio, por decir que su candidato estaba imputado. A pesar del hartazgo hacia la clase política, no hay que dejar que la presunción de culpabilidad tumbe a la de inocencia. En la provincia son unos cuantos los casos que evidencian que no siempre la imputación acaba en condena. El escándalo de Ohanes obligó al entonces alcalde Juan Francisco Sierra a renunciar a su escaño y también a darse de baja en el partido por una presunta estafa. Años más tarde ha sido absuelto y el empresario que lo incriminó está en la cárcel por una trayectoria poco honorable. Al final todo, incluyendo reproches en el Parlamento de Andalucía, quedó en nada como los señalamientos de los alcaldes populares de Sorbas y Gádor, José Fernández y Eugenio Gonzálvez, acusados de un delito urbanístico y de prevaricación en la adjudicación de contratos respectivamente, o el del exalcalde del PSOE de Huércal Overa, Luis García Collado. Son los menos. Los condenados ya son demasiados.

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