El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha destacado que las fiscalías provinciales de Almería y Granada se han dirigido al Ministerio Fiscal para la interposición de denuncias penales ante el juzgado competente en el caso de las posibles irregularidades en la gestión de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). En una nota, el SAF ha asegurado que la decisión de la denuncia por parte del fiscal jefe almeriense está fundamentada en que "los hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y siguientes del Código Penal".

Por su parte, el sindicato explica que la Fiscalía Provincial de Granada "dicta un decreto más extenso que en el caso de Almería y en el que resuelve formular denuncia penal 'por si los hechos pudieran constituir delitos de malversación de caudales públicos" y añade considerar un posible "delito de fraude o prevaricación administrativa". El fiscal jefe de Granada reconoce que, aunque las resoluciones de ayudas e incentivos están firmadas por el director general de Calidad de los Servicios para el Empleo del SAE, "los eventuales artificios o engaños para la concesión de las ayudas o subvenciones se han debido cometer en el ámbito de las delegaciones provinciales para poder recibir las subvenciones".