La Operación Poniente ha vuelto, pero no en forma de juico, que cronológicamente debería ir tocando, sino en forma de más imputaciones. Algo inesperado. Sonsiete las personas que se han unido a la larga lista de 77 imputados con las que ya contaba el caso. Todos ellos funcionarios y relacionados con el área de obras públicas del Ayuntamiento de El Ejido, bajo el mandato de Juan Enciso, entre los años 2002 y 2007. El juez también ha llamado a declarar omo a la esposa y al hijo de dos de ellos por su relación con la empresa Urdial-Maryya SL ya que, mediante esta, se habrían embolsado presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público. El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso y prolijo informe pericial de la Agencia Tributaria (AEAT), que se incorporó a la causa a principios de 2014.

Según fuentes cercanas al caso, los indicios apuntan a que la empresa 'Urdial-Maryya SL' subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como "eje" de la presunta trama corrupta y "único cliente" de esta mercantil, y que, gracias a ello, los imputados habrían recibido diversas cantidades que, en total, rondarían los 900.000 euros.

En concreto, los peritos de la Agencia Tributaria detallan que, fruto de sus pesquisas, se desprende que esta empresa, detrás de la que estarían estos funcionarios, "sólo contrató con Elsur" una serie de obras y servicios "sin justificación", por lo que habrían recibido dinero público "sin ningún tipo de justificación también".

El auto cita al jefe del Área de Obras Públicas, Agustín Santaella, al jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Emilio García, al arquitecto municipal Francisco Gabriel García, a la jefa de Vías Públicas, María Jesús Maldonado y al técnico del área Antonio Cara. Deberán comparecer ante el juez, asimismo, el hijo del primero, de profesión arquitecto, y la esposa de Emilio García.

La pericial de Hacienda recoge que, entre 2004 y 2009, Santaella y su hijo se beneficiaron supuestamente con más de 250.000 y con 44.163 euros, mientras que Emilio García y su mujer habrían percibido indiciariamente 28.853 euros. El arquitecto municipal recibió supuestamente la máxima cuantía, más de 310.000 euros, mientras que la jefa de Vías Públicas y el técnico de área habrían cobrado 160.946 y 82.577 euros, respectivamente

El titular Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, mantiene aún abierta la instrucción a la espera de iniciar la fase intermedia en una causa que explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Alemán.

Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama en seis clanes y el Grupo Abengoa y apunta que supuestamente obtuvieron unos "superbeneficios no justificados" de Elsur a través de las subcontratas con "precios inflados" y una "sobrefacturación".

Los informes de avance y conclusiones provisionales contenidos en el sumario de la causa indicaban que la cuantía "más importante" de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado 'Grupo Amate', que encabeza el empresario sevillano José Amate, director económico de Elsur y señalado como "individuo aglutinador" en torno a quien se gestó un "grupo criminal perfectamente estructurado".

Aseguraban que la "finalidad" presunta era "retraer dinero proveniente" del Ayuntamiento "sirviéndose" de la empresa municipal y articulando "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar".

Sostenían que el "desvío patrimonial" desde las arcas municipales a Elsur y de ésta, vía canon, tras que experimentar un supuesto incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una "facturación innecesaria" y usando métodos para "ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo".

Los informes analizaban también el denominado 'Grupo Galán", también principal en la presunta trama y vinculado al empresario Juan Antonio Galán, y apuntan de manera provisional que habría facturado de Elsur a través de sus empresas un total de 30,9 millones de euros "teniendo como principal fuente de facturación" el Ayuntamiento de El Ejido.

La AEAT hablaba también de un proceso de "despatrimonialización de Elsur" por parte de las empresas del Grupo Abengoa, concretamente tres, que facturaron 21,2 millones de euros a Elsur, en la que el grupo participa a un 70 por ciento pese a que, según resaltaban los técnicos, "no cobraba dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital".

Otro de los informes incluido en las diligencias que se formularon en su momento y ahora ampliado hacía constar que las sociedades vinculadas a la familia del alcalde ejidense percibieron presuntamente de las concesionarias pagos de 388.000 y 95.000 euros mientras que recogían que la sociedad de la que era administrador único el ex interventor municipal de El Ejido habría ingresado entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban "importantes cantidades" al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de Elsur.