A pesar de que la provincia es un referente mundial por lograr una agricultura con todas las garantías y certificaciones, volcada con el control biológico para poner freno a las plagas en detrimento de los productos químicos, todavía hay empresarios y agricultores que no dudan en recurrir a fitosanitarios ilegales para el tratamiento de las enfermedades de los vegetales sin importarle el perjuicio a la marca Almería. Cada cierto tiempo hay operaciones de ámbito nacional de la Guardia Civil, en concreto del Seprona, con ramificaciones en la provincia almeriense a la hora de incautar las sustancias activas y de arrestar e imputar a los cabecillas. En julio del pasado año caía una red en la Operación Teja, en la que se intervinieron 32 toneladas de los productos ilegales y se arrestó a una persona en Almería. Eso sí, las más importantes se remontan tiempo atrás, entre las que figuran la Operación Don Limpio a finales de 2007 con once detenciones en municipios del Poniente y 2.200 kilos de plaguicidas incautados y la Operación Fitotráfico en mayo de 2005 en la que se introducían de forma clandestina en España las mercancías ilegales de Asia, principalmente desde China, y se requisaron 24 toneladas por valor de un millón de euros en los más de cien establecimientos agrícolas que se registraron con arrestos en El Ejido, Roquetas y la capital. De hecho, hasta el expresidente de Coexphal fue condenado en su día por la venta de fitosanitarios de carácter ilegal como el Tango.

Ayer trascendía en el marco de la Operación Fresón que han sido dos los nuevos detenidos y otro imputado en Almería, si bien son 28 arrestados en seis provincias (Barcelona, Tarragona, Huelva, Murcia, Alicante y Valencia). La Guardia Civil venía investigando desde marzo de 2013 los canales de comercialización de productos ilegales de una fábrica que ha sido desmantelada. Se han practicado seis registros, uno de ellos en una explotación agraria almeriense, que han permitido incautar más de 10.000 kilos de fitosanitarios de todo tipo, especialmente los de carácter prohibido o de comercio ilegal por no respetar derechos de propiedad.

La fábrica, una empresa familiar valenciana, movía miles de kilos de producto ilegal por temporada con un beneficio de entre 3 y 10 euros por cada litro. A partir del seguimiento policial se realizó de forma simultánea la primera fase con doce detenidos, los de mayor grado de implicación, y registros en Barcelona, Tarragona, Valencia y Almería.

A los detenidos se les imputan los delitos de contrabando, contra la salud pública, contra el medio ambiente, contra la propiedad industrial, estafa y otros contra los derechos de los consumidores, así como blanqueo de capitales. El campo de actuación del conjunto de implicados abarcaba desde la importación de producto ilegal, generalmente principios activos para su formulación posterior, a la comercialización de elaborados contraviniendo la normativa que regula la propiedad industrial. Los fitosanitarios son aplicados para el tratamiento de enfermedades de los vegetales y para combatir las plagas de parásitos.