El traslado del mercadillo de los viernes, la apertura del supermercado Lidl y la construcción por parte del Ayuntamiento de Almería de viviendas de protección oficial tendrán que esperar por orden judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería ha suspendido de forma cautelar el uso del sector de Los Ángeles que ha urbanizado el Consistorio a través de la empresa municipal Almería XXI, la nueva Rambla. El Ayuntamiento no puede certificar el final de obras ni conceder licencia alguna de edificación hasta que no complete la totalidad de las infraestructuras en todas y cada una de las parcelas que forman esta pastilla de suelo o, al menos, hasta que se dictamine una sentencia firme.

Según ha venido afirmando el Ayuntamiento durante estos dos últimos meses, las obras de urbanización del también conocido como sector de Arcos (el PERI AMA 01), están finalizadas, si bien no puede hacer uso de los espacios resultantes al no estar los trabajos recepcionados. La explicación, que no aportaba el equipo de gobierno, la aclara un auto judicial, emitido el pasado día 15 de abril, que acepta la solicitud de suspensión del proyecto de urbanización como medida cautelar hasta que se resuelva. mediante sentencia firme, la denuncia interpuesta por uno de los propietarios de las parcelas que conforman el citado sector.

Según ha podido saber Diario de Almería, el recurrente considera dañados sus intereses debido a que las obras de urbanización han dejado sin tocar su parcela, habiendo adoptado el Ayuntamiento un acuerdo por el que dividía en dos fases el proyecto, adelantando las obras correspondientes a los terrenos adquiridos por Lidl y posponiendo los del afectado, quien alega, en el recurso contencioso administrativo interpuesto, no haber recibido comunicación alguna de dicho acuerdo.

El recurrente ha solicitado al juez que suspenda la ejecución del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización, lo que implica la imposibilidad de dar por concluidas las obras hasta que, como se contempla en el contrato de compraventa suscrito con Almería XXI, la empresa municipal dote de infraestructuras, como la eléctrica, a la totalidad del sector. El denunciante solicitó, además, que se impida la concesión de cualquier licencia de edificación en la totalidad de la zona.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido estas medidas cautaleras sin atender a la defensa municipal, la cual considera que la suspensión temporal conlleva "una grave perturbación de los intereses generales y de terceros", permitiendo, no obstante, a la parte demandada la posibilidad de interponer un recurso de apelación. El Servicio Jurídico Municipal se acogió a esta posibilidad, pero la respuesta tampoco ha sido la esperada. Mediante otro auto, dictado el 14 de mayo, el magistrado rechaza levantar las medidas cautelares adoptadas, así como exigir un aval de fianza al propietario recurrente.

La vía judicial continúa y díficilmente se puede poner una fecha al desarrollo del sector, que vuelve a estar bloqueado judicialmente hasta que recaiga la sentencia firme, aunque cabe la posibilidad de que las medidas cauteleras pueden ser cambiadas o incluso anuladas, si varían las circunstancias contempladas por el juez para decretarlas.

El sector de Arcos estuvo enredado en un proceso judicial que se prolongó durante una década. El desarrollo de estos suelos ha sido precisamente uno de los asuntos sobre los que la Gerencia de Urbanismo ha trabajado durante esta legislatura.