Veinte niñas menores de edad, entre 13 y 17 años, están inmersas en programas de atención y rehabilitación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Almería tras detectar que son víctimas de violencia de género. De ellas, como indicó la coordinadora provincial del IAM Francisca Serrano, "el 95% no solo son víctimas de malos tratos por parte de sus parejas o exparejas psicológica o físicamente, sino que además, también han caído en las garras de los ciberataques sexistas a través de las nuevas tecnologías". Es lo que desde hace apenas una semana la Junta de Andalucía ha denominado ciberdelincuencia de género, una nueva forma de violencia sobre la mujer que genera riesgos específicos derivados de las nuevas tecnologías (TICs), como la multiplicación de los efectos de la violencia por su gran capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores; la continuidad en el tiempo; la exhibición de la intimidad ante infinitas personas; la facilidad para el control permanente (geolocalizadores, control del estado online o conexiones...); o el riesgo de suplantar fácilmente la personalidad de la víctima.

Llama poderosamente la atención de que la mayoría de las víctimas que actualmente reciben tratamiento de forma individual o grupal, el agresor es siempre una persona bastante mayor que ellas, entorno a unos diez años de diferencia.

Precisamente para atajar esta nueva forma de maltrato sexista, la Junta de Andalucía, en su apuesta permanente por atajar esta lacra social, ha puesto en marcha un protocolo específico con el fin de ofrecer a su equipo de profesionales las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a la red del IAM y que en algún momento del proceso de atención presenten síntomas de sufrir violencia de género a través de las TICs.

El documento es el primero de carácter institucional que se elabora en toda España en materia de ciberdelincuencia de género, un fenómeno muy reciente dado el carácter novedoso de las nuevas tecnologías y de las relaciones a través de las redes sociales. Francisca Serrano asegura que "el protocolo responde a la necesidad de respuesta que se ha detectado en los últimos años, tras haber realizado los pertinentes estudios, ante una nueva realidad que sufren mujeres, principalmente las más jóvenes que son las que más en contacto están con las TICs, a través de los canales de relación y comunicación".

El protocolo, en el que intervienen técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios especiales en nuevas tecnologías, informáticos y juristas, prevé que en cualquiera de las fases del proceso de atención a la víctima se pueda detectar la ciberdelincuencia de género. Para ello, todos los formularios de atención (ya sea psicológica, jurídica o social) se recogen parámetros descriptivos para la recogida exacta de información sobre cualquier episodio de ciberdelincuencia de género. Los informes deberán utilizar la terminología propia de las TICs, para lo cual el protocolo proporciona un glosario de más de 200 palabras.

El área social del IAM valorará las redes sociales en las que intervienen víctima y agresor, para evaluar el posible impacto en la vida de la víctima, de menores a su cargo o de familiares. El área psicológica será la máxima responsable de la recogida completa del relato, ya que es en este ámbito en el que mejor se pueden detectar los ataques de las TICs, y donde se evalúan las consecuencias psicológicas.

Una vez recogida toda la información, se elaborará un diagnóstico y una planificación para la intervención en el ámbito de las TICs, donde se valorará la conveniencia de seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias.

Desde el ámbito psicológico, se tomarán las estrategias terapéuticas adecuadas para paliar los efectos del control y de la crisis de reputación, así como para dar el apoyo necesario durante la exposición gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial. En este punto, la coordinadora provincial insistió en la importancia de las pruebas judiciales, es decir, todas las pruebas que se puedan aportar a la denuncia, como pueden ser pantallazos de las conversaciones telemáticas, vídeos, whatsapp, amenazas o cualquier otra que pueda ser clave en el proceso judicial. Precisamente, como indicó Francisca Serrano, "el protocolo dedica un apartado muy amplio a las pautas que se deben dar a la usuaria para garantizar su seguridad informática (custodia de información, copias de seguridad, protección de la red wifi, consulta técnica ante geolocalizadores o aplicaciones espías,...) y para recabar pruebas electrónicas que puedan servir en un juicio.

El protocolo, también recoge los principales signos de alarma para detectar la ciberdelincuencia, a tener en cuenta por la víctima y por los profesionales que la atienden.