Almería

Crónica de una deuda olvidada

  • La sentencia que obliga al pago de 5,7 millones del extinto IARA llegó cuatro días antes de que tomara posesión Luis Rogelio Rodríguez en 2003 Los servicios jurídicos estudian su prescripción

Sólo un cúmulo de despropósitos y errores permitiría esclarecer la misteriosa aparición de la deuda de 961 millones de las antiguas pesetas, en torno a 5,7 millones de euros, fruto de un convenio que el Ayuntamiento de Almería firmó a principios de los noventa con el ya extinto IARA, siglas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, en concepto de abastecimiento de energía eléctrica y agua. Más de 25 años después aún no ha sido saldada la obligación económica contraída en tiempos del alcalde Santiago Martínez Cabrejas y, lo que es peor, nadie del equipo de gobierno actual, ni de los técnicos municipales tenía constancia de la existencia. En la primera etapa de Juan Megino en la Alcaldía, aún en las filas del PP, presentó un recurso ordinario para evitar el abono que fue rechazado por la Consejería de Agricultura y Pesca a través de la orden 28-7-1997. La corporación popular no aceptó la imposición de Sevilla e interpuso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo que le tumbaron seis años más tarde.

El 16 de junio de 2003, cuatro días antes de la toma de posesión de Luis Rogelio Rodríguez (PP) como alcalde de Almería, emitió un fallo judicial por el que los 5,7 millones tendrían que ingresarse en las arcas de la administración regional, si bien nunca se llegó a hacer efectivo un pago que desde el Ayuntamiento querían dar por prescrito a principios de 1996 al entender que habían pasado más de cuatro años desde la firma del convenio. Es lo único reflejado en los libros de contabilidad que en los últimos días ha barrido el área de Hacienda. Sin embargo, el fallo del Alto Tribunal andaluz quedaba archivado en la unidad jurídica de la Junta, a la espera de que alguien lo rescatara del cajón del que no se ha movido en los últimos 25 años.

A raíz de una petición cursada por la delegada del Gobierno de la Junta, Sonia Ferrer, sobre la situación contable de la relación entre la administración regional y el consistorio, para conocer los pagos pendientes después de que el concejal de Hacienda, Juan José Alonso, reclamara en la última sesión plenaria una deuda de 10,3 millones, los funcionarios de Sevilla rescataron del olvido el expediente administrativo con la suma de reclamaciones entre las que figuraban los 5,7 millones del pleito sobre el servicio prestado por el IARA para abastecimiento de agua del sector IV del Campo de Dalías. No era el único pago sin afrontar por el Ayuntamiento, si bien el resto ya se habían puesto sobre la mesa en negociaciones anteriores. Por ejemplo, ocurrió con los 2,2 millones de proyectos para la restauración hidrológica forestal en el Parque del Andarax de la Confederación Hidrográfica del Sur, cuya última reclamación se realizó en mayo, o los 102.799 de la Consejería de Fomento por varios conceptos como el derribo subsidiario de casas en Avenida del Mar y los impuestos sobre la construcción (ICIO) de viviendas de protección autonómica en el barrio de Piedras Redondas. Los dos últimos casos, reconocidos por el concejal de Hacienda en la reunión mantenida esta semana con Sonia Ferrer, se descolgaron porque Urbanismo no trasladó los expedientes a la oficia de pagos. Un error ínfimo que se subsanará en los próximos días, cuando los técnicos de ambas instituciones se sienten nuevamente a cerrar el saldo definitivo fruto de la resta de lo que deben unos y otros, que nada tiene que ver con el cúmulo de despropósitos cometidos con el impago histórico del IARA.

El próximo martes se entregará un informe del servicio jurídico municipal en el que se conocerá el calado del embrollo económico y judicial. Los abogados estudian si la sentencia del TSJA prescribió a los cinco años, pero todo apunta a que al tratarse de jurisdicción contencioso-administrativa tiene un plazo de aplicación quincenal. Hasta 2018 tendría la Junta para cobrar los 5,7 millones de deuda. Miguel Cazorla, el portavoz de Ciudadanos, pedirá en pleno que se depuren responsabilidades al considerar que es un "disparate" de las dos administraciones que en "tantísimos años nadie haya reclamado el dinero ni tenido en cuenta una sentencia contra la que se podría haber pleiteado". El concejal pidió una comisión de seguimiento con todas las partes.

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