La Oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado en sus tres años de funcionamiento la friolera de 610 desahucios en la provincia de Almería. Así lo destacó ayer el delegado de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, quien señaló además que desde la puesta en marcha de esta iniciativa, que ha dado resultados más que positivos, se han atendido a 901 familias que estaban en riesgo de perder su vivienda y que a través de la intermediación, gracias también a la colaboración de la Diputación Provincial y del Colegio de Abogados, el 80% han logrado resolver el problema. Concretamente, según indicó el delegado de Vivienda, un total de 97 familias acudieron a solicitar asesoramiento y ayuda en la fase de prevención, 610 en la fase de intermediación y 194 en la de protección.

A estas 901 familias atendidas por la administración autonómica en Almería desde que se firmó el convenio en el año 2012 hay que sumar otras 668 atendidas directamente por la Diputación Provincial, muchas de las cuales (en ambas instituciones) han sido derivadas al Colegio de Abogados, quienes se han hecho cargo de las mediaciones con las oficinas bancarias.

La atención en fase de prevención, que se presta cuando las familias aún no han entrado en morosidad con la entidad financiera, se centra en labores de información sobre aspectos relacionados con la dación en pago y reestructuración de la deuda, los efectos de los impagos de un préstamo hipotecario o las cláusulas abusivas en escrituras de las hipotecas.

La fase de intermediación es la más demandada y está destinada a quienes se encuentran en situación de morosidad y por tanto en riesgo de desahucio. En este caso, las familias solicitan asesoramiento para buscar una solución con la entidad financiera bien ante la previsión de que no puedan seguir abonando las cuotas, o bien ante la situación de impago en la que ya se encuentran, requiriendo por tanto una labor de intermediación. También en esta fase, los técnicos de la Junta pueden intermediar en cualquiera de las etapas procesales previas al lanzamiento, una vez interpuesta la demanda. En esta fase, la Consejería trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, la Diputación y el Colegio de Abogados.

Por otro lado, un total de 194 familias se dirigieron, en la fase de protección, a las oficinas porque o tenían el desahucio ordenado o ya habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas, según explicaron fuentes de la Delegación.

El delegado, Joaquín Jiménez destacó los avances obtenidos a raíz de la reunión que el consejero tuvo con todas las entidades financieras, a las que solicitó que fuera más flexibles, pues "ahora son más receptivas". También señaló a la crisis como la consecuencia de que tantas familias se hayan visto en riesgo o hayan perdido sus viviendas.