Autónomos, medianas y pequeñas empresas pueden pasar verdaderos apuros económicos, si no reciben sus pagos a tiempo. Los proveedores contratados por el Ayuntamiento de Almería esperan para poder cobrar 16.151.118,77 euros exactos, una cantidad que prácticamente duplica los pagos de las facturas efectuados tanto por el Consistorio como desde sus órganos y empresas dependientes (8,3 millones). La Concejalía de Hacienda ya ha dado la voz de alarma.

Son datos que figuran en el informe mensual al que están obligadas las administraciones locales, y también las autonómicas, al objeto de realizar un seguimiento periódico de lo que se tarda de media en hacer frente a las facturas. El pago a proveedores viene determinado por ley, que marca un plazo, modulable, en función de si trata de una empresa o de una administración pública. Es obligatorio para todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales. La disposición transitoria sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, establece, en el ámbito de empresas privadas, que el pago a proveedores debe realizarse en un máximo de 60 días naturales. En el sector público, los tiempos son mucho más restrictivos y no pueden superar los 30 días.

El Ayuntamiento de Almería ha ido acortando sus tiempos de respuesta, pero aún se queda fuera del margen estipulado legalmente. El último informe que examina el periodo medio que tarda en pagar las facturas corresponde al mes de agosto y lo sitúa en 35,2 días, menos que en julio (37,13), y, sin embargo, más que en junio cuando la media pudo ser reducida hasta los 34,90 días.

Según el último informe del Ministerio de Hacienda, relativo al mes de julio, el período medio de pago por parte de las administraciones autonómicas estaba en los 46,19 días. Y subiendo: 5,23 días más que en junio. "Pero ojo con esa cifra: la estadística oficial anota únicamente los plazos medios de retraso una vez transcurridos los 30 días legales". Es decir, en realidad, explican, son más días.

Almería está pues muy por debajo de la media. No es una administración a la que pudiera reprochársele ser mal pagadora, sobre todo teniendo en cuenta que no es uno de los muchos ayuntamientos españoles sin liquidez para afrontar los servicios o suministros que contrata. La Tesorería Municipal ha sido refortalecida con una operación de 15 millones de euros, cantidad que, según informe del interventor, apenas se ha tocado. Si no existe insuficiencia de recursos financieros, ¿cuál es entonces el problema que hace que el Ayuntamiento incumpla con la Ley?: la lentitud.

Como suele decirse, las cosas de palacio van despacio, y la tramitación administrativa de las facturas es una de ellas. Para solucionar esta situación, el concejal de Hacienda, Juan José Alonso, ha dado instrucciones específicas a todas las áreas municipales, organismos autónomos y empresas dependientes, en las que se describen pormenorizadamente las fases de tramitación de las facturas y se indican los periodos máximos de duración de cada una de ellas a los efectos de lograr que todo el recorrido administrativo pueda llevarse a cabo en el plazo de un mes y solucionar esta "grave disfuncionalidad".

Cuando las facturas se acumulan más de 30 días, el Ayuntamiento está obligado a remitir los datos al Ministerio de Hacienda y formular la pertinente comunicación de alerta a la Junta como administración que tiene atribuida la tutela financiera. Pero la importancia otorgada por Alonso al cumplimiento del Decreto-Ley deriva sobre todo a que, cuando se entra en morosidad, el afectado tiene derecho a reclamar una indemnización por todos los costes de cobro acreditados. La indemnización llega al 15 % de la cuantía de la deuda, salvo si supera los 30.000 euros; entonces el límite es el importe de lo reclamado.