Hoy se cumplen nada menos que 77 años del fusilamiento en la Plaza de Almería del que fuera durante la II República el alcalde republicano de Cuevas, Martín Márquez Navarro, tal y como lo ordenara un Consejo de Guerra Sumarísimo, el mismo que dictó en los años de postguerra otras 370 ejecuciones en la provincia. En 2002 iniciaron la búsqueda de sus restos mortales sus nietas Manuela y Ana Márquez, quienes han venido dedicando su tiempo y propios medios económicos, y en su particular cruzada contra el olvido encontraron el respaldo del Defensor del Pueblo y la ONU a través de su Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Ginebra. En la provincia ya venía trabajando en la localización de las fosas para las exhumaciones la Asociación Memoria y Libertad, presidida por Francisco Ortega, hijo del que fuera alcalde republicano de Gádor, Torcuato, conocido como el Candiles. Todos los familiares estaban de acuerdo en construir un monumento para honrar la memoria de los represaliados, si bien fueron finalmente seis los que dieron autorización para que la Dirección General de Memoria Democrática iniciara los trabajos de rescate de los restos óseos. Su frustración con el resultado final infructuoso de todos los sondeos arqueológicos, excavaciones y exhumación a finales de 2014 se ha acrecentado estos días con el informe encargado por la Junta en marzo de 2015 al historiador Oscar Rodríguez Barreira en el que confirma que las fosas de la postguerra fueron removidas, reutilizadas y amortizadas en los años cuarenta y cincuenta en el cementerio de San José y Santa Adela. Un documento en base a los archivos municipales, ya que no había "Libros del Enterrador", y a los testimonios anónimos de trabajadores de aquella época. Las nietas de Martín Márquez van a reclamar responsabilidades políticas, personales o civiles a los que hicieron posible esas "exhumaciones secretas" en su intento de llegar hasta el final en la búsqueda de su "yayo".

Desde el colectivo que preside Paco Ortega se conforman con un monolito, el que reclaman ya desde hace dos décadas, con el que dar respuesta a su demanda de dignificación y memoria y así se lo trasladó recientemente al alcalde en una reunión. No están conformes con el templete que se instaló a finales de 2008 como homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil. La Junta ha anunciado al conocer los resultados del informe que no se debe cerrar la investigación y anunció que con la ley de memoria histórica en tramitación parlamentaria se contemplan medidas para la reparación del daño. Los considera víctimas de una "doble represión" por la "secuencia macabra" que se produjo en el cementerio con la remociones de los restos mortales.