No ha podido ser. Un año después de que el juicio del caso 'Tres Reyes', en el que el exabogado del Estado Demetrio Carmona se encuentra acusado de un presunto delito de pertenencia a grupo criminal y extorsión en grado de tentativa, el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería volvía a aplazar la vista oral, que no se celebrará hasta el 14 de noviembre de 2017.

El motivo de tamaña demora es tan sencillo como descriptivo de la precaria situación por la que pasan los tribunales almerienses: La saturación de juicios hace imposible señalar una vista oral con las tres sesiones consecutivas previstas para esta causa en un plazo de tiempo menor.

En lo que se refiere a la suspensión en sí, ha sido acordada después de que Rogelio Vargas, abogado y socio de Demetrio Carmona, haya renunciado a su letrado debido a que éste había sido llamado como testigo en este procedimiento, lo que hacía imcompatible su función como defensa de Vargas.

Carmona no escondía su malestar a la salida de la Ciudad de la Justicia. Claramente molesto, ha dicho a Diario de Almería que "ahora toca esperar otro año a que se haga justicia", defendiendo que "si antes dije que era injusto -su imputación en esta causa-, ahora digo que es un crimen".

El representante legal del exabogado del Estado, Miguel Ángel Campos, ha expresado ante los medios de comunicación la "falta de celo" que, a su parecer, se ha dado por parte del juez durante la instrucción, de la que ha destacado las "muchas carencias" que contiene.

Así, ha calificado a "proceso de sainete" el seguido en este caso, que ha estado "dirigidas a un determinado fin", que es "la imputación, pena de banquillo y condena, que no se va a producir", de Carmona, quien ha afeado la suspensión de la vista por segunda ocasión.

La Fiscalía tenía previsto solicitar en la vista oral penas que oscilan entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión para los siete procesados, a quienes acusa de integrar un grupo "criminal" organizado que usaba presuntamente "medios ilícitos para conseguir beneficios económicos de terceros", a quienes "obligaban a realizar disposiciones patrimoniales a favor de miembros de este grupo". El fiscal atribuye a todos, como a Carmona, la comisión de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y extorsión en grado de tentativa.

El Ministerio Público atribuye a Carmona en el organigrama del grupo la función de "recopilar y proporcionar toda la información, tanto personal como económica" acerca de las personas de su ámbito de las que pretendían obtener los "desplazamientos patrimoniales en su beneficio" para que, de este modo, los otros miembros "demostrasen" ante estas personas "tener unos conocimientos" que achacaban a su "supuesto poder".

La fiscal indica para "contextualizar" los hechos que los acusados Demetrio Carmona, el abogado Rogelio Vargas y el empresario Ángel Morales mantenían en 2012 una "estrecha relación de índole personal" en la que se incluían "intereses económicos comunes" y que, en agosto de ese año, a través de este último, contactaron con el resto de procesados. Asegura que todos realizaban "los más diversos negocios" y detalla entre estos venta de bonos mexicanos anteriores a 1950; exportación de aceite a Rumanía; o a negocios inmobiliarios, hoteleros o de intermediación que, remarca, los dos abogados implicados "compatibilizaban" con su profesión.

Asegura que todos realizaban "los más diversos negocios" y detalla, entre estos, la venta de bonos mexicanos anteriores a 1950; la exportación de aceite a Rumanía; o negocios inmobiliarios, hoteleros o de intermediación que, remarca, los dos abogados implicados "compatibilizaban" con su profesión. El Ministerio Público considera que los siete procesados decidieron constituir el grupo y que presuntamente habrían acordado que tal beneficio se repartía entre todos.

Concreta que, entre los medios "ilícitos", se incluyó el "aparentar" supuestamente "identidades que no les correspondían" como la de "miembros importantes" del CNI o de la CIA "pretendiendo intimidar con el poder que supuestamente esto les otorgaba" o la referencia a "influencias en ámbitos judiciales y policiales" con la intención de "menoscabar la voluntad de las personas con las que trataban ya que les anunciaban consecuencias negativas para su seguridad si no se avenían a sus requerimientos".