Almería

El secretario de Gádor declara por una denuncia del PSOE contra el alcalde

  • Ratifica el informe y asegura que las facturas no habían sido aprobadas y no se había tramitado expediente previo

El secretario del Ayuntamiento de Gádor declaró ayer ante el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por una presunta irregularidad en el pago de facturas a tres empresas que realizaron una obra en el municipio antes de las últimas elecciones municipales, en 2007.

Una presunta ilegalidad que fue destapada al emitir, el propio secretario, un informe en el que alertó de que se habían saltado los procedimientos habituales de contratación, hechos por los que el PSOE formuló la correspondiente denuncia en los juzgados.

Según explicó a Diario de Almería el abogado del PSOE, Juan Manuel Llerena, durante la vista, "el secretario del Ayuntamiento ratificó ante el juez el informe que emitió sobre la presunta ilegalidad que cometió el alcalde, Eugenio Gonzálvez, al ordenar el pago de varias facturas que no habían sido aprobadas y que además no se había tramitado ningún expediente previo".

Según explicó el abogado, que estuvo presente en las declaraciones de las partes citadas por el juez, "el secretario reconoció que las tres empresas que hicieron la obra, aunque formalmente eran diferentes, estaban administradas por las mismas personas, e inclusos utilizaban las mismas oficinas" y destacó que "la declaración del secretario-interventor dejó claro que la contratación fue ilegal, así como el pago de las facturas".

A la vista, que comenzó a las 10:00 horas y se prolongó durante al menos media hora, asistieron varios testigos, el secretario del Ayuntamiento de Gádor, el alcalde y tres personas relacionadas con las empresas implicadas en el caso. Finalmente, Eugenio Gonzálvez no llegó a declarar y el juez podría tardar en emitir sentencia entre dos y tres meses.

La presunta irregularidad en la que incurrió el alcalde de Gádor con el pago de las facturas se remonta a unos meses antes de las últimas elecciones municipales, en 2007, cuando Gonzálvez ordenó el pago de facturas a unas empresas cuyo expediente no se había tramitado.

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