Almería

Los propietarios de viviendas ilegales exigen el indulto para sus hogares

  • Medio millar de afectados se trasladó ayer a Almería principalmente desde el Levante · La Junta de Andalucía insiste en que la responsabilidad es de los ayuntamientos

Pocas veces se habían reunido en Puerta Purchena tantas personas de habla inglesa y, lejos de la expansión turística por la que trabajan las administraciones, la concentración de ayer de cerca de medio millar de extranjeros se debía a la preocupación reinante por los posibles derribos que se avecinan a casas ilegales, principalmente construidas en las comarcas de Levante y Almanzora.

Hace cerca de un año que los propietarios de algunas de las viviendas afectadas son conocedores del procedimiento legal que puede llevar al derribo, pero es en las últimas semanas en las que han comenzado a 'ver las orejas al lobo' y, por ello, una gran movilización de afectados y allegados de los propietarios, muchos de ellos cercanos a la primera familia que vio como las máquinas se llevaban por delante a sus casas, los Prior.

El pasado 9 de enero se cumplían los dos años desde que se hacía efectiva la primera sentencia, ejecutada por parte de la Junta de Andalucía una vez que el Ayuntamiento de Vera se negara. Ahora, los propietarios están pendientes de una indemnización.

La misma suerte pueden correr otras ocho familias, con sentencias sobre sus viviendas y con el apoyo de la asociación Abusos Urbanísticos No, AUAN, dispuesta a difundir lo máximo posible la situación por la que atraviesan los afectados no sólo entre las autoridades y administraciones en Almería, sino entre posibles compradores de futuro en el extranjero a los que desaconsejan la compra. En este sentido, hacen hincapié en la inseguridad jurídica que supone la compra de una vivienda en España, por lo que resalta una desconfianza general ante las posibles soluciones planteadas por las administraciones.

No obstante, pese a la incertidumbre eran muchos los que en la jornada de ayer, pese a su origen o pese al estrés de las últimas semanas, mantenían que el Levante era su hogar y que lo mantendrían pese a posibles derribos. Por ello, la resaltan la necesidad de unirse.

Así, de la noche de las velas, como denominaron la última concentración en el solar de los Prior, al día de las pancartas, esta vez sin llegar hasta la puerta de la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio, pero dejando patente que siguen considerando a la Junta como la responsable de la situación a la que se enfrentan. Sobre el itinerario de la manifestación, desde AUAN denuncian que les han acortado el camino de forma deliberada para que no discurra por delante de las dependencias que dirige Luis Caparrós. Por su parte, el delegado de Vivienda se mantiene firme ante la nueva movilización y recuerda que no es la Junta de Andalucía responsable de las sentencias judiciales ni de la ordenación urbana de los ayuntamientos.

Por otra parte, sí recuerda que es la administración regional la que ha impulsado el proceso de regulación de las viviendas fuera de ordenación en los últimos años.

Por otra parte, insiste el delegado provincial que se podría evitar el derribo de varias viviendas, principalmente en Albox, puesto que ya existen precedentes de situaciones irregulares que ha recibido una prórroga antes de la ejecución de la sentencia, en este caso a petición del Ayuntamiento que ya ha sufrió el primer derribo, el de Vera. La responsabilidad recae así, según el delegado, tanto en el juez como en quienes vendieron las viviendas sin legalizar, por lo que insta a los afectados a iniciar actuaciones judiciales contra quienes verdaderamente han propiciado que exista una sentencia de derribo, "puesto que la Junta de Andalucía lo que ha hecho es hacer todo lo posible para que en el futuro más del 90% de las viviendas en situación de irregularidad urbanística queden integradas en los planeamientos".

Con todo, el procedimiento e inventario aún está en sus comienzos, pero existen localidades como Albox o Lubrín que ya tienen muy avanzados tanto el registro de viviendas en situación irregular como el planeamiento que evitará que queden fuera de ordenación. "Son los propios municipios los que deberán decidir las casas que queden fuera de dicha ordenación y son las que decidirán cuáles pueden entrar según el modelo de ciudad que consideren necesario para su futuro". Además, por otra parte, localidades como Oria, Partaloa, Albanchez y Zurgena "ya cuentan con un planeamiento en aprobación inicial". Mientras tanto, es la incertidumbre la que hace a los afectados salir a la calle de forma casi tan periódica como las reuniones entre las administraciones con las que se pretende dar solución al problema.

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