La declaración de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de El Ejido y de los trabajadores de Elsur y de otras subcontratas, algunos en calidad de testigos protegidos, han permitido a la jueza instructora de la Operación Poniente, Montserrat Peña, poder conocer el funcionamiento de la trama de empresas ejidenses y la responsabilidad de cada uno de los imputados. Entre las insólitas  declaraciones destacan las del   secretario del consistorio, Jesús  Martínez, quien preguntado por los hechos que se investigan llega a decir: "Llevan tanto haciendo lo que les viene en gana que ya ni  miran las fechas para cometer una ilegalidad".

El funcionario, que reconoce que su relación con el ex interventor y el alcalde eran  conflictivas últimamente, llevó a los tribunales la concesión de tres expedientes que firmó en calidad de secretario otra persona a pesar de que él todavía ejercía. Uno de los técnicos del Área de Obras Públicas, ingeniero de profesión, dice que cambió un informe negativo sobre el aumento del canon que percibe Elsur a favorable por las presiones recibidas. Un operario de la empresa Alseconsa Indalo, perteneciente al Grupo Amate, reconoce que elaboraron "partes falsos de trabajo" para desvirtuar la acción de la inspección laboral.  

Otro de los arquitectos técnicos de Elsur detalló ante la jueza el papel de cada consejero y afirmó conocer la "sobrevaloración" del canon que paga el consistorio a la Empresa Mixta de Servicios Municipales. Son sólo algunas de las declaraciones a las que ha podido acceder Diario de Almería una vez levantado el secreto sobre la casi totalidad del sumario.  Otro de los ex trabajadores de Alseconsa dice que los partes de trabajo estaban siendo "sobredimensionados" en lo concerniente a los operarios y horas empleadas. Es más, habla de trabajos en las casas de varios cargos políticos, entre ellos el concejal Jorge Viseras, el parlamentario socialista Manuel García Quero y en la propia sede del PAL que eran enviadas en facturas bajo el título "arreglo de acometida de agua en calle x" para disfrazar el uso ilegal del personal.

Uno de los testigos protegidos, ex trabajador de Elsur, asegura que se subcontrató a terceras empresas sin autorización de la corporación (algo que en el pliego de condiciones aparece como infracción) y habla de un "exceso brutal" de personal porque le obligaban a "meter gente", además de algunos que cobraban la nómina y no llegaron a trabajar. Habla de un ambiente de "miedo" entre los trabajadores que acataban todas las órdenes aunque "fueran irregulares" para no ser despedidos. Otro testigo sin identificar asegura que facturaron "más de 200 millones de pesetas" a subcontratas en las que nunca vio trabajar a nadie y cuyas facturas se realizaban por el método "corta y pega".