La asociación 'Almería Acoge' y la Subdelegación del Gobierno se han vuelto a enzarzar en una polémica sobre un presunto acoso a inmigrantes que unos denuncian y otros rechazan. La 'novedad' en este caso es que las denuncias sobre identificaciones aleatorias de ciudadanos extranjeros se han producido, siempre según la ONG, "cuando iban a nuestras oficinas para solicitar alguno de nuestros servicios".

Juan Miralles, presidente de 'Almería Acoge' criticó que la desproporcionada actuación policial se produjo tanto "en las inmediaciones de nuestra sede en Níjar, como en la capital almeriense, donde se ha arrestado a personas que iban a pedir información". Miralles recordó episodios parecidos sufridos por la denuncia pública de Cáritas sobre detenciones "parecidas en los alrededores de espacios públicos como parques, locutorios, estaciones de tren o de autobús".

De inmediato, la Subdelegación de Gobierno de Almería negó que desde la Comisaría Nacional de Policía de Almería se realicen actuaciones "con el propósito específico de identificar a inmigrantes". Fuentes de la Subdelegación de Gobierno trasladaron la posición que se mantiene en la Comisaría, desde la que se afirma que "no se ha producido ninguna actuación dirigida a la identificación de personas en las sedes de Almería Acoge", si bien desde la asociación se mantiene que se enfrentan a "dificultades" para desarrollar los programas «aprobados por las distintas administraciones públicas"; un aspecto que ha ejemplificado con la detención que se produjo hace varios días de una persona que utilizaba el servicio de lavandería Níjar.

Así, la Policía Nacional de Almería ha rechazado que se practiquen identificaciones en lugares públicos salvo cuando existe un "requerimiento ciudadano o por razones de seguridad", de manera que ha querido remarcar "de forma importante" que las identificaciones justificadas se realizan cuando los ciudadanos "son españoles o de otra nacionalidad".