La Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer a la juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE, que investigue también las ayudas públicas a las pequeñas empresas y las que fueron denegadas en el período 2001-2011. En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción solicita a la juez la práctica de una serie de diligencias para garantizar el "buen fin de la investigación" y la "concreción de la imputación" a las personas implicadas, para lo cual solicita que se le entregue toda la documentación aportada hasta el momento y que ya supera los 30 tomos.

Anticorrupción pide igualmente a la juez que reitere a la Junta que aporte la totalidad de los "expedientes" de las ayudas concedidas a empresas a través de la agencia IDEA (antes IFA) por parte de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social. La Fiscalía había denunciado con anterioridad que la documentación enviada por la Junta bajo el nombre de "expedientes" era en realidad "una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas arrancadas de un bloc de espiral, cuando no garabateadas en simples post-it adhesivos".

Por ello, el Ministerio Público ha solicitado ahora a la juez que se examine la totalidad de las ayudas y no sólo las de mayor cuantía, "al poder tratarse las de menor cuantía a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta", advierte el escrito.

La Fiscalía también ha pedido que se requiera a la secretaria general técnica de la Consejería de Empleo una relación detallada de las ayudas denegadas en el período 2001-2011, al objeto de "discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos" en el marco de los delitos que se investigan.

Otras diligencias cuya práctica reclama el Ministerio Público van encaminadas a detectar las relaciones que puedan haberse producido entre las personas y sociedades perceptoras de los fondos, con las sociedades mediadores, las compañías de seguro, las empresas que realizaron servicios de asesoramiento, y los imputados en la causa. En este punto, la Fiscalía ha pedido a la juez que se "profundice" en la actividad real de las sociedades que hayan podido ser utilizadas para facilitar el "ilícito enriquecimiento de imputados, así como para determinar el destino de los fondos percibidos". También se reclama un estudio de las relaciones entre las personas y sociedades citadas anteriormente, con la finalidad de tratar de averiguar las "posibles vías de retorno de fondos públicos percibidos por las sociedades beneficiarias y las compañías de seguros a sociedades mediadores y de asesoramiento como a los imputados".

La Fiscalía es consciente del "innegable esfuerzo" que esta causa supone tanto para la juez como para la plantilla de funcionarios, por el volumen y la complejidad de la investigación, por lo que considera que es necesario ampliar de manera "inmediata" la plantilla de funcionarios del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.