El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las irregularidades en Invercaria, ha citado a declarar por sexta vez al ex presidente de esta sociedad pública de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo por sexta vez en relación con dos préstamos participativos concedidos a la empresa Electronics Devices Manufacturer (EDM) por importe de 1.180.000

Pérez-Sauquillo está imputado en las seis piezas separadas que se han abierto hasta ahora en relación con Invercaria: la denominada causa principal y las abiertas por las ayudas otorgadas a Fiva (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía), Operadores Aéreos Andaluces, Juana Martín, Fumapa, y ahora en la abierta sobre EDM. Junto a Pérez-Sauquillo, el juez ha citado a declarar a otras cinco personas, entre ellas Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, ex director de análisis de inversiones de Invercaria, así como al presidente del consejo de administración de EDM, Francisco González Mingote, al consejero delegado, Antonio José Jiménez Morillas; y a los miembros del consejo de administración Juan Ruiz Cobos y Diego Ignacio Fernández Ramírez.

Los seis imputados comparecerán a declarar en calidad de imputados los días 6, 9 y 12 de marzo próximos. Antes, este jueves el instructor tomará declaración como testigos a tres directivos de EDM. El atestado elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía señalaba que Pérez-Sauquillo concedió un primer préstamo participativo de 450.000 euros a EDM, mientras que el consejo de administración de Invercaria acordó conceder un segundo préstamo participativo de 730.000 euros el mismo día de la concesión del primero.

El instructor concluye que Invercaria concedió dos préstamos por importe de 1.180.000 euros a EDM "sin la elaboración de una propuesta y sin un informe positivo de la inversión a una sociedad en la que, en un informe solicitado por Invercaria, se detecta, a poco más de dos meses de otorgada la financiación, graves irregularidades en su gestión y una situación económica de tal precariedad que, ocho meses después de la financiación” presentó un concurso de acreedores.Esas circunstancias no fueron advertidas por Invercaria, por lo que el juez considera que existen indicios de delitos de malversación y falsedad.