Andalucía es una de las comunidades autónomas que mayor porcentaje de su presupuesto dedica a gasto social. En las cuentas de 2015 el montante alcanza los 16.970 millones para políticas de sanidad, educación y protección social, un 66,6% del gasto corriente previsto. El resto de créditos consignados para gastos de operaciones corrientes va a parar al pago de deuda pública (tanto a intereses como al pago de amortizaciones) y a otras funciones o políticas. Sólo la región de Murcia supera este registro, dedicando a servicios públicos fundamentales el 69,2% del presupuesto aprobado este año. En el extremo opuesto se halla Cataluña (52%), que destina al pago de la deuda 7.000 millones, casi cuatro veces más que Andalucía (2.642 millones) y por encima de lo que invierte en educación y políticas sociales juntos [ver cuadro].

El gasto social se ha convertido en uno de los acicates electorales del PP en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. El pasado viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), ensalzó que, gracias al "círculo virtuoso" en el que se mueve la economía española, las próximas cuentas darán un giro hacia lo social. Rajoy cifró en un 53,5% el montante total de estas partidas, un 3,8% más que este año, debido a la reducción del gasto en desempleo y a la menor carga financiera de la deuda pública. De cada 100 euros del Presupuesto que dará a conocer en detalle este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, 39 euros se dedican a las pensiones, 7 euros al desempleo y políticas activas y 8 euros a otros gastos sociales. A esto, según Rajoy, hay que sumar los 14 euros adicionales que recibirán las comunidades, que son las que financian los servicios sociales. El resto de partidas son actuaciones de carácter general (33,7%), actuaciones económicas (8,1%) y servicios públicos básicos (4,8%).

Por gasto social se entiende la financiación de servicios sociales básicos aunque, según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la educación, salud o seguridad social se incluyen las políticas de vivienda, deportes y otras de características similares. Como consecuencia de la crisis en los últimos años hay ejecutivos que (como en el caso de la exposición de Rajoy) incluyen las políticas relacionadas con el empleo.

Aunque el concepto de gasto social sea variable, el análisis que cada año hace el Ministerio de Hacienda sobre los Presupuestos autonómicos limita los servicios públicos fundamentales a la educación, sanidad y protección social (dependencia, atención a inmigrantes, drogodependencias, infancia...) y depura esta última de la promoción social (políticas de empleo).

De acuerdo a esta clasificación de Hacienda, las comunidades que destinan mayores recursos de sus presupuestos a gasto social tras Murcia (PP) y Andalucía (PSOE) son Asturias (65,9%), Castilla y León (64,8%), Canarias (63,7%), País Vasco (61,5%), Madrid (61,4%) y Galicia (61,1%). Por debajo de la media (60,1%) se encuentran Castilla- La Mancha (59,9%), Extremadura (59,7%), Cantabria (59,4%), La Rioja y Aragón (58%) e Islas Baleares (55,1%), Cataluña y Navarra ocupan las últimas posiciones en gasto social, aunque la comunidad foral tiene prorrogados sus Presupuestos.

Esta clasificación homogeneizada permite una visión global de las prioridades de las distintas comunidades, cuyos gobernantes suelen enfatizar el gasto social de sus cuentas.

En la presentación de los Presupuestos de la Junta para este año la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, cifró en un 83% el gasto social. El propio texto recoge que la definición de gasto social es el conjunto del Presupuesto descontando sólo la deuda pública, los fondos agrarios del FAGA, las transferencias a ayuntamientos (PIE local y Patrica) y los presupuestos de instituciones. De hecho la Junta no tiene reparos en incluir como gasto social el presupuesto destinado a la administración de Justicia al otorgarle un carácter de servicio público fundamental. Entre el gasto social se incluye el pago de las nóminas a los trabajadores, que en caso de Andalucía supera los 250.000 empleados públicos.