Caso de los ERE

El juzgado de los ERE encuentra 31 documentos sin fecha de registro

  • Documentos del ex chófer de Guerrero y de Mercasevilla, y oficios de la UCO y de la Policía Nacional figuran entre los escritos que no estaban convenientemente clasificados.

Otra evidencia más del peligro de las macrocausas: el volumen de documentos es tan enorme que pueden provocar su extravío. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige María Núñez Bolaños, ha hallado hasta 31 documentos de la causa de los ERE en los que "no consta fecha de registro de entrada" en el juzgado, por lo que se ignora cuánto tiempo lleva esa documentación sin darle trámite. Se trata de documentos que se corresponden con la etapa en la que estuvo al frente de la investigación la juez Mercedes Alaya, actualmente destinada en la Audiencia de Sevilla, y de hecho algunos de los documentos datan de los años 2011 y 2012.

Una providencia de la letrada de la Administración de Justicia del pasado 21 de julio da cuenta de la abundante documentación que "se encuentra en lugar no clasificado en las dependencias del juzgado" y de la que "no consta fecha de registro" de entrada en el juzgado.

Entre los 31 anexos de documentos hallados sin registro figuran, entre otros, unas diligencias previas del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en las que figura como denunciante el empresario –ya fallecido- José Enrique Rosendo, que estuvo imputado en la causa de los ERE en relación con las ayudas concedidas a su grupo de empresas de la Sierra Norte.

Tampoco consta fecha de registro de entrada en oficios del Tribunal Supremo en relación con autos en los que aparecen los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, ni de los oficios del Senado y el Congreso devolviendo las notificaciones de estos tres ex altos cargos.

Entre la documentación, figura igualmente un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil  haciendo entrega de la documentación de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa).

Igualmente figura una documentación sobre la empresa pública Mercasevilla, compuesta por "originales de escrito" del que fuera presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, de fecha 24 de enero de 2012, y 2 de marzo de 2012.

La secretaria judicial da cuenta igualmente de que no hay fecha de entrada respecto a una documentación remitida por la Agencia Tributaria que requirió el juzgado el 5 de junio de 2012, en la que se incluyen dos carpetas, una referente a los servicios facturados por Juan Francisco Trujillo –el ex chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero- y la otra referente a ingresos declarados por la empresa Surcolor, otra de las entidades investigadas. Tampoco se aportó la vida laboral de Juan Francisco Trujillo, que remitió el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Tampoco hay fecha de registro para un oficio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en relación con la Faja Pirítica, "donde se pone de manifiesto que no se tiene constancia de la existencia del Plan Único del Gobierno Central para paliar la crisis de la Faja Pirítica Andaluza"; ni figura registro para una documentación remitida por la Junta sobre la inscripción de la asociación denominada Grupo Mineralogista Onubense Faja Pirítica.

 

Entre la documentación no clasificada aparece un oficio del Cuerpo Nacional de Policía de fecha 18/06/2011, donde se remite documentación, en concreto una copia del informe emitido por la Comisión de la Banca Nacional Belga sobre la aseguradora "Apra Leven, en idioma extranjero", precisa la providencia.

 

Figura además entre la documentación no registrada una carpeta con un oficio de la Policía remitiendo el detalle de movimientos de la cuenta  de José Antonio Gómez Romón, el ex futbolista Pizo Gómez, investigado en los ERE.

 

A raíz del hallazgo de estos 31 documentos no clasificados, la juez María Núñez Bolaños ha dictado una providencia en la que, en algunos casos ha unido la información a las actuaciones, en otros casos ha dado traslado a la Fiscalía para que informe, y en otros supuestos ha formado un anexo con la documentación recibida.

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