El Gobierno andaluz considera que el ajuste presupuestario para reducir el déficit no debería afectar de igual manera a todas las comunidades autónomas, por lo que defiende que se aplique un "trato diferenciado" que tenga en cuenta la situación financiera de cada región. Éste es uno de los puntales del documento que la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, entregó ayer a los grupos parlamentarios, con quienes se citó en el primer capítulo de una ronda de encuentros con la lucha contra la crisis como objetivo primordial.

La Junta apela, como base fundamental de su tesis, a que Andalucía es una autonomía con un déficit público del 6,6% del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que está muy alejada de otras, que alcanzan el 15%. A la hora, pues, de aplicar el ajuste presupuestario del Estado (10.000 millones de euros recaerán en las regiones en tres años), debería tenerse en cuenta esta situación, en opinión del departamento que dirige Martínez Aguayo.

La consejera encontró ayer cierta sintonía, en este sentido, con el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, quien también defendió la necesidad de que la Junta cuente con más margen de maniobra en materia presupuestaria para poder llegar a acuerdos que hagan frente al más de millón de parados que hay en Andalucía. Martínez Aguayo hizo hincapié en el compromiso que tiene el Ejecutivo al que pertenece con la estabilidad presupuestaria, pero aclaró que ello "no es óbice" para pedir al Gobierno que la aportación de Andalucía a la reducción del déficit público del Estado esté en proporción a su situación financiera. Este será el planteamiento que llevará al Consejo General de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá el próximo 23 de marzo.

El documento que Martínez Aguayo entregó ayer a los grupos parlamentarios, Bases para un diálogo político, con "las medidas dirigidas a combatir la crisis económica y contribuir a la generación de empleo", se completará con nueva documentación que se entregará en una próxima ronda de contactos, prevista para dentro de una semana o diez días.

El PP volverá a reunirse, como hizo ayer, con la consejera, pero un posible acuerdo con Economía se antoja poco menos que imposible. Tras la cita de ayer, en la que participaron el secretario general del partido, Antonio Sanz, y su portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, el primero calificó la propuesta de la consejera de "pobre" y "vacía".

Sanz quiso transmitir una "voluntad sincera" de llegar a un acuerdo global o puntual, y enfatizó que podría llegarse a ellos entre el PSOE y su partido, sin necesidad de que éstos sean rubricados también por Izquierda Unida. Pero para Sanz el primer documento salido de la Consejería de Economía es "insuficiente, muy endeble, muy corto de miras", y además incluye "recetas fracasadas y repetitivas". El dirigente del PP-A criticó que la Junta sólo haya incluido una medida por capítulo y reprochó que no se aborde la necesaria reforma de la Administración para que sea "ágil, eficaz y menos burocrática".

Entre algunas medidas, el Ejecutivo andaluz plantea que el Gobierno central modifique los criterios de reparto del Estado a las comunidades en la ley de dependencia, de manera que esté vinculada al número de dependientes atendidos. Otras propuestas sobre las que Martínez Aguayo puso el foco de interés hacen mención a la creación de redes inteligentes energéticas, a la identificación de cien empresas líderes locales que sean "punta de lanza" para la internacionalización de la economía o el desarrollo de "gran envergadura" que supone el proyecto turístico del río Guadalquivir.

El documento inicial también incluye medidas selectivas de impuestos, como extender la deducción por autoempleo de 400 euros en el IRPF o dos nuevas reducciones propias del 99% en el impuesto de sucesiones o donaciones, y medidas de progresividad fiscal, entre otras, un programa para jóvenes de 18 a 22 años demandantes de empleo sin cualificación. También se abordan propuestas para cambiar el modelo productivo en los sectores agroalimentarios, turístico, constructivo, el I+D+i biosanitario y en la cirugía robótica.