Rafael / salgueiro

España va bien sin Gobierno

Los datos de la marcha de la economía son excelentes pese a la incertidumbre política. Las reformas están dando resultado y las instituciones del país funcionan incluso sin Ejecutivo.

LOS datos de la marcha de la economía española que estamos conociendo, que son excelentes y en algún caso sorprendentes, ponen de manifiesto varios hechos de importancia. El primero de ellos es que las reformas estructurales que se han abordado están dando resultado, por lo que lo mas sensato debería ser proseguirlas y no enmendarlas. Es cierto que contienen algunos defectos, lo cual es comprensible porque no es posible anticipar todos los efectos no deseables de una reforma, pero esto se puede enmendar a la vez que se profundiza en el camino iniciado. Carece de sentido y es incluso una irresponsabilidad proponer la derogación de, por ejemplo, la reforma laboral puesto que el empleo esta creciendo con intensidad y además la creación de empleo esta mostrando una inusitada elasticidad en relación con el crecimiento del PIB. Reconocer que ha habido intentos abusivos en el uso de la posibilidad de despido por causas económicas u organizativas no significa que la mayor flexibilización haya sido un desacierto y haya que retrotraerse a las limitadas causas de despido antes admitidas. Y tampoco ha sido un desacierto conducir la negociación colectiva a su ámbito natural, que es el de la empresa, para así evitar, entre otras cosas, que entren en juego los intereses solo particulares de las organizaciones sociales negociadoras. Lo razonable es ir modificando las imperfecciones a medida que se van constatando y se identifica la forma de corregirlas.

No alcanzó la reforma laboral a contener la exuberancia de la tipología de contratos de trabajo ahora vigente, cuyo origen, no lo olvidemos, se encuentra en el impedimento sindical a la reforma laboral que los socialistas quisieron hacer en los años ochenta. Esta diversidad contractual es una auténtica anomalía en Europa y es, en buena medida, causa de la dualidad de nuestro mercado de trabajo. Hace ya unos meses dos instituciones de prestigio, el Instituto Sagardoy y BBVA Research, presentaron una propuesta de reforma de la contratación (contrato indefinido como regla general y contratos de inserción y temporal limitados y muy justificados), y de las indemnizaciones por despido (acumulación a lo largo de distintos empleos y propiedad del trabajador) que fue atacada de forma unánime y al instante (probablemente sin haberla estudiado) por los principales partidos políticos y por los agentes sociales. Mi sensación personal es que se había tocado algo que esos colectivos consideran cosa nostra, sino no se comprende que no se hubiera producido una reflexión sobre ello, al menos para intentan demostrar con razones que lo propuesto no resultaría efectivo. Pero la verdad es que en este país los hacedores de políticas no tienen mucha afición a escuchar a los expertos, y cuando lo hacen resulta no pocas veces más una coartada que una consulta.

Hay que agradecerle a Ciudadanos su empeño en actuar sobre las dispares formas de contratación, aunque el asunto se haya simplificado a efectos públicos como "contrato único" cuando lo que se propone es bastante mas complejo que esto. Pero, eso sí, le ha dado al partido canario una estupenda excusa para hacerse valer. Se oponen rotundamente al denominado contrato único, amenazando con no apoyar al candidato en su investidura. Creo yo, es solo una conjetura, que el empresariado turístico canario les ha dado instrucciones al respecto, porque consideren que les va mejor con el sistema actual.

Pero no deja de sorprender, en este asunto y en otros, que en la actual negociación el partido del candidato no lo tuviera todo previsto y tengamos la sensación de que se está negociando atropelladamente, incluso con los habituales trucos del manejo de los plazos y de la reserva de información. Esto de dejar los números para el final, como siempre según alguno, es más propio de trileros que de políticos responsables. Los números deben de exponerse desde el principio. Las dotaciones sociales que se pretenden no son una dádiva del Partido Popular a cambio de unos votos, son mas que razonables en su planteamiento y son de una equidad indiscutible. Cosa diferente es el alcance económico al que se pueda llegar, la forma de selección de los beneficiarios y el modo de evitar los incentivos perversos que este tipo de políticas suelen llevar consigo.

Creo que muchos nos preguntamos en qué se ha empleado el tiempo desde las elecciones de diciembre. Era imposible saber qué sucedería, los escaños concretos, en las elecciones de junio, pero quién podría ser el aliado de los populares estaba perfectamente claro, al igual que sus condiciones de negociación. Creo que nadie se ha sorprendido por lo que han propuesto hace pocas semanas y que ahora se discute apresuradamente.

Decía al comienzo que algunos de los datos económicos causan cierta sorpresa. En particular los referidos a la inversión privada, incluyendo la destinada a la adquisición de bienes de equipo. Mejor no recordar los trompetazos que anunciaban un Apocalipsis económico en el caso de que no se formase Gobierno o que este no fuese una continuación del anterior. Parece que muchas decisiones de inversión, y esto es muy saludable, no dependían de que hubiese o no un nuevo Gobierno. Y parece también que los actores empresariales e inversores que no dependen de que al Gobierno le parezca bien o mal lo que quieren hacer se adaptaron enseguida a la nueva realidad.

Por otra parte, vaya si hay Gobierno. La Agencia Tributaria actúa con toda normalidad, la Policía y la Guardia Civil mantienen su acreditada eficacia, las tropas expatriadas continúan con su valioso servicio, la Justicia no se ha detenido hasta sus vacaciones de agosto y supongo que ya se habrá ido trabajando en un posible nuevo presupuesto. La obra pública está bastante contenida, pero no creo que eso se deba a la ausencia de ministro con funciones sino a la contención del gasto público. Quiero creer que la obra pública esta planificada y que su ejecución depende del crédito presupuestario asignado, no de que haya o no ministro en plenitud de sus facultades. Cierto es que no se han podido aprobar nuevas leyes, pero esto no es malo en sí mismo. Y más cierto es que se debería de haber aprovechado el tiempo para facilitar la aplicación de dos importantísimas leyes ya promulgadas y que entran en vigor tan pronto como el 2 de octubre. Son nada menos que la nuevas leyes de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público (leyes 39 y 40 de 2015).

Todo lo restante, salvo la representación exterior y la facultad de promulgar determinadas leyes, compete a las Comunidades Autónomas. Estas han funcionado, salvo alguna despistada, con toda normalidad. Y si Hacienda les comunica el techo de gasto y la liquidación de 2015 podrán hacer sus presupuestos con toda normalidad. Creo que la mejor constatación de la limitada incidencia del Gobierno de España es que ésta funciona aún sin Gobierno.

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