Antonio Alfonso Pérez Andrés. Profesor de Derecho Administrativo de la Hispalense

"En urbanismo no hay médico de cabecera al que acudir"

Estudió ciencias puras en los Padres Blancos y estuvo a punto de ser arquitecto. Al final la tradición familiar se impuso: terminó la carrera y se especializó en la rama administrativa. Su tesis doctoral es un intento de poner orden en el caos: el urbanismo en la España de las autonomías.

Carlos Mármol | Actualizado 24.07.2010 - 10:31
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Antonio Alfonso Pérez Andrés / Victoria Hidalgo

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Interior día. Bufete noble y espacioso en Puerta Jerez. Biblioteca con libros en piel.  Sobre la mesa, el programa de un seminario en Harvard.

-El urbanismo es una materia árida. El Derecho también. El Derecho urbanístico debe ser una condena ¿no?

-El urbanismo es peor, porque tiene aspectos que escapan al control jurídico.

-¿Lo suyo con el derecho viene de tradición familiar?


-Antes de ir a la universidad pensé en hacer  arquitectura. Derecho era sólo la segunda opción, pero al final resultó ser la elección definitiva.

-El lenguaje urbanístico es oscuro. ¿Cómo se arregla?


-Hay que mejorarlo. Hasta a los expertos nos cuesta a veces trabajo saber el régimen jurídico aplicable a una parcela en el planeamiento. Deberían redactarse planes que sean más comprensibles para el ciudadano. La gente debe poder consultar a la Administración sobre estos temas.

-¿Quien tiene un solar tiene de verdad un tesoro?

-Depende. Quizás no tenga nada o menos de lo que piensa. La legislación urbanística española tiene sólo 50 años, pero los cambios son constantes. La producción legislativa es brutal y no permite analizar el verdadero alcance de muchas de las normas, que derogan las leyes anteriores. La obligación de interpretarlas no puede recaer sólo en el ciudadano. La litigiosidad existente casi siempre viene por la interpretación subjetiva de las normas. Sería urgente contar con un instrumento que compendie los textos legales básicos sobre planeamiento. Si no, se genera inseguridad jurídica, y eso vale mucho dinero.

-La nueva ley estatal del suelo habla mucho de los derechos de los ciudadanos. ¿Se cumplen?

-El derecho de consulta se ha legislado, pero todavía no está bien desarrollado. Vas a un ayuntamiento a preguntar algo y te mandan a un abogado. Cuando nos ponemos enfermos podemos ir al médico de cabecera, pero en urbanismo, aunque es algo público, no hay médico de cabecera al que acudir.

-El derecho urbanístico es inabarcable pero no evita ciertas barbaridades.

-La legislación fiscal, por ejemplo, es más simple que la urbanística. Está más claro lo que busca. Detrás del urbanismo hay una concepción política y económica de la vida. Históricamente existen dos enfoques: intervencionismo y liberalismo. Ninguno de ellos ha evitado los ilícitos, la corrupción y el encarecimiento de la vivienda. Desde el punto de vista técnico, la ley española es de las mejores del mundo. En Europa existe menos regulación pero lo que se legisla se cumple. En otros sitios, como Estados Unidos, las cosas ya dependen demasiado de las relaciones, porque allí operan lobbies, grupos de presión. No me gustaría que esto se trasladara a España.

-Grupos de presión hay en todos sitios. La diferencia es que allí son legales.


-Exactamente. Pero aquí el sistema legal es garantista. Dar una licencia es una decisión reglada. Lo que ocurre a veces es que hay proyectos que van por delante de la ley.

-Si las leyes son tan complejas, el riesgo es que nadie termine de aplicarlas ¿no?

-Efectivamente. El desuso normativo es lo peor que le puede ocurrir a una ley. Por ejemplo, pasa con los patrimonios municipales de suelo, regulados hace tiempo. ¿De verdad creemos que sirven para bajar el precio de la vivienda? A veces no sabemos ni siquiera si una ley  es buena o mala porque no dura el tiempo suficiente.

-¿Sería necesario acordar unos mínimos?


-Al contrario que en educación o en pensiones, nunca se plantea en España un pacto estatal en urbanismo, que es un sector económico importante. El Estado no tiene competencias directas, es cierto, pero debe velar por los derechos fundamentales, como el de la propiedad. No contamos con una ley que armonice los textos autonómicos. La Constitución, en uno de esos artículos que nunca se aplican, permite hacerlo si se constata que existe una asimetría legal.

-Parece que existe una obsesión por legislar pero mucha dejación para gestionar lo que ha sido legislado.

-Totalmente. Y además no dotamos a los ayuntamientos de recursos suficientes. Sobre todo a los pequeños, que se ponen en manos de promotores que, a veces, barren para su lado. Los ayuntamientos no tienen capacidad técnica para discutirles.

-¿Existe alguna región donde no ocurra esto?


-Los conflictos se dan en  todos sitios. Aunque yo creo que si en Andalucía se hubiera hecho la ley actual en los años 80 muchos de los problemas que tenemos no se hubieran producido.

-Llegamos muy tarde y queremos abarcar mucho.

-Para Andalucía habría sido muy rentable ser el referente de un modelo de desarrollo urbanístico adecuado. Más que nuevas leyes, lo que nos hace falta es más gestión para ejecutar las existentes.




2 comentarios
  • 2 Servidor 04.09.2010, 10:38

    Para mí, una de las causas que pervierte la política urbanística es la insuficiencia financiera de las administraciones locales: los Ayuntamientos ponen el desarrollo urbanístico al servicio de la obtención de recursos y no de la racionalidad urbanística, lo cual en un error pues supone hipotecar el interés público de futuras generaciones para el consumo, la mayor parte de las veces superfluo, de las presentes.

  • 1 Electra 24.07.2010, 14:40

    Un grandisimo profesional. Ojala hubiera mas sevillanos tan preparados

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