Desafío soberanista

El Consejo de Estado apoya la impugnación del 9-N en Cataluña por unanimidad

  • El órgano consultivo considera que el nuevo proceso "eleva si cabe" la gravedad de la consulta suspendida por el Constitucional porque "se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales".

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña. Fuentes de esta institución han confirmadola aprobación del dictamen, que fue solicitado por el Gobierno para impugnar la consulta en el Consejo de Ministros de este viernes.

El Consejo de Estado considera que la consulta alternativa "eleva, si cabe" la gravedad de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional porque "se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales". Este es uno de los argumentos del dictamen que ha aprobado por unanimidad la Comisión Permanente del Consejo de Estado. El dictamen afirma que el hecho de que Artur Mas o el Ejecutivo catalán no hayan aprobado un decreto de convocatoria del "proceso de participación ciudadana" en modo alguno impide "apreciar la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado".

Asimismo, considera que el objeto y elementos esenciales de la nueva consulta son "sustancialmente idénticos" a los de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. "Lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, eleva si cabe la gravedad de los mismos", afirma el Consejo de Estado. Así, argumenta que la consulta alternativa carece de garantías constitucionales como son la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de votantes, "siendo así que la inobservancia de tales garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio que es regla habitual de cualquier sistema democrático".

Los miembros del Consejo de Estado afirman que el hecho de que Mas no haya firmado esta nueva convocatoria también "evidencia un propósito de eludir el control de la jurisdicción constitucional". Añaden que la convocatoria por parte de una autonomía, sin la autorización del Estado, de un proceso de participación ciudadana que, "alterando su naturaleza", llame al ejercicio del voto "adolece de un vicio de inconstitucionalidad, cualquiera que sea el objeto de dicho proceso". Recalcan que queda fuera de las competencias autonómicas cualquier cuestión que afecte a la indisoluble unidad de la Nación española, recogida en la Constitución.

El dictamen alude a declaraciones del presidente catalán sobre las diferencias entre la consulta suspendida por el Constitucional y el proceso que pretende ahora llevar a cabo y señala que, en ellas, "se pone de manifiesto un propósito no disimulado sino explicitado de manera abierta y pública de eludir no sólo la suspensión ya decretada", sino evitar "futuras impugnaciones" del Gobierno ante dicho órgano. También asegura que se hace patente su "conciencia" acerca de la "antijuridicidad" de su conducta y recalca que queda acreditada la "identidad" entre la consulta suspendida por el Constitucional y la que ahora, "bajo nombre distinto", quiere realizar la Generalitat.

La identidad entre ambas consultas sirve al Consejo de Estado para estimar que tanto la convocatoria de la "alternativa" y las actuaciones "de todo tipo" que la Generalitat viene auspiciando para celebrarla, vulneran la suspensión de la primera consulta decretada por el Constitucional. Sin embargo, el órgano consultivo aclara que eso no impide que el Gobierno pueda impugnar el nuevo proceso de forma autónoma. El dictamen subraya que pretender celebrar la consulta del 9-N con voluntarios o que las personas llamadas a participar sean las que se apunten en un "fichero de participantes" son también muestras de los "vicios de inconstitucionalidad" del proceso.

El Consejo de Estado recalca que la impugnación debe delimitar "con especial cautela" el ámbito de la suspensión -que recoge el artículo 161.2 de la Constitución-, de forma que ésta se extienda no sólo a las actuaciones ya realizadas o iniciadas en favor de la consulta alternativa, "y a cuya inmediata remoción o paralización debe procederse", sino "a cualquier otra actuación que en el futuro pueda llevarse a cabo en relación con dicho proceso".

El órgano consultivo remitirá al Ejecutivo el dictamen aprobado por la Comisión Permanente, que preside José Manuel Romay Beccaría, y que es preceptivo pero no vinculante para acudir al Tribunal Constitucional. En su reunión del viernes, el Consejo de Ministros podría autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Tribunal Constitucional la llamada "consulta alternativa". El Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado que informara con carácter de urgencia sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las actuaciones de la Generalitat "relativas a la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre, mediante un denominado proceso de participación ciudadana". Entre esas actuaciones figura la pregunta -¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?- que aparece en la página web del "proceso de participación ciudadana" de la Generalitat, o las instrucciones dadas a los funcionarios catalanes.

El dictamen ha sido redactado por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, encargada también del informe sobre los recursos que el Ejecutivo presentó contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9-N, firmado por el presidente catalán, Artur Mas. Tanto la ley como el decreto fueron suspendidos, de forma cautelar y por unanimidad, en el pleno del Tribunal Constitucional celebrado el pasado 29 de septiembre.

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