Hace cinco años que la organización terrorista ETA dio a conocer el comunicado que tantas veces se le había exigido, el que anunciaba el fin definitivo de una trayectoria violenta que había acabado con la vida de más de 850 personas en casi medio siglo. El comunicado -enviado también en un vídeo con la ya habitual parafernalia de capuchas y txapelas- fue acogido con alivio y escepticismo por una sociedad vasca que ya se había adelantado a la desaparición de ETA, e inició una nueva etapa, ya sin amenazas, pero en la que las heridas siguen abiertas del mismo modo que perduran las discrepancias sobre cómo construir una memoria oficial y compartida de más de cuatro décadas de violencia.

Estos cinco años han confirmado que el anuncio era real: ETA no ha vuelto a matar ni a actuar de ninguna manera y las personas amenazadas en Euskadi han recuperado la libertad y la intimidad secuestrada durante años. Sin actuar, aunque no haya entregado las armas ni se haya disuelto formalmente, ETA se ha convertido en un elemento residual para los vascos, que la sitúan en los últimos puestos de su listado de preocupaciones, tal y como revelan las encuestas. Derrotada y descabezada -los lectores del comunicado del 20 de octubre de 2011, David Pla e Iratxe Sorzabal, fueron capturados hace apenas un año-, ETA se va diluyendo como un mal recuerdo para la sociedad vasca, aunque diversos sectores políticos, sociales e institucionales tratan de evitar que se imponga el olvido.

La agenda que ETA y la izquierda abertzale plantearon tras el cese de la violencia sigue intacta encima de la mesa. No ha habido desarme, la reparación debida a las víctimas del terrorismo no ha pasado de mera retórica y el Gobierno no se ha avenido a modificar su política penitenciaria, que mantiene como elemento de presión para precipitar la definitiva disolución de una organización que tiene muchos más integrantes dentro que fuera de las cárceles.

En este contexto, las fuerzas de seguridad trabajan sin pausa. La semana pasada localizaron al norte de París un arsenal etarra con casi 150 pistolas y revólveres que la banda pretendía utilizar para tratar de negociar con España y Francia. ETA hizo un amago de desarme a principios de 2014, cuando quiso escenificar la entrega de las armas en un vídeo en el que aparecían dos etarras junto a los mediadores internacionales que verificaban el supuesto proceso. Las imágenes provocaron polémica, indignación y bufa. Desde entonces, no hubo nuevos pasos.

Aunque ETA no condiciona ya la política vasca, las heridas continúan abiertas y se manifiestan fundamentalmente en la controversia sobre el relato de lo ocurrido, la construcción de una memoria oficial que sirva de referente para las futuras generaciones. El papel más activo en este ámbito lo ha protagonizado el Gobierno Vasco, que ha promovido homenajes a las víctimas de ETA y ha elaborado informes sobre los atentados terroristas sin resolver y los casos de torturas, y ha redactado y aprobado una ley para reconocer a las víctimas de abusos policiales en Euskadi, con la oposición del PP y UPyD.

La máxima exigencia se ha situado sobre la izquierda abertzale, a la que se reclama un paso más en la deslegitimación del terrorismo. Lejos de ello, homenajes a etarras como el tributado en un instituto de Hernani o incidentes como la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua revelan la persistencia de una cultura de la violencia que costará años desterrar. Cuatro víctimas del terrorismo y miembros del colectivo Covite defendieron ayer con pancartas la presencia de la Guardia Civil en la localidad navarra y fueron insultadas por algunos radicales.