Una normativa retroactiva cada seis meses. Esta es la inestabilidad jurídica y, en consecuencia, económica que están viviendo los productores de energía fotovoltaica. Para informar sobre el nuevo marco regulador y sobre las medidas que en contra del mismo se están llevando a cabo, Miguel Ángel Martínez-Aroca y Rafael Barrera, presidente y director de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) respectivamente, celebraron ayer en Almería un encuentro con asociados e interesados en la materia. Tal y como apuntan, en Almería, 600 familias producen energía solar fotovoltaica, que aportan 120 megavatios (Mw) limpios y a disposición de la sociedad española, "sin contrapartidas peligrosas ni costes oscuros que soportar en las facturas".

Martínez-Aroca explicó que todo comenzó con una ley muy sencilla en 2007 que animaba a apostar por las renovables: "Todas las familias y empresas que procedieran a una instalación tendría una prima durante toda la vida de la misma". Concretamente eran 0,44 euros por kilovatio (Kw) producido e inyectado a la red actualizado anualmente con el IPC. Esta regla convenció a 60.000 españoles que invirtieron 25.000 millones de euros, que los bancos financiaron y a los que aún se les adeudan 18.000 millones. "Sólo se cobró de manera normal en 2008 y 2009. En 2010, el ministro Miguel Sebastián cambió las reglas de juego". En ese año se impusieron nuevas condiciones y así se redujeron drásticamente los años con derecho a prima de manera retroactiva y las horas primadas de manera retroactiva.

Entonces el PP en la oposición se echó las manos a la cabeza, pero lejos de solventar la situación, cuando llegó al Gobierno derogó la legislación anterior. En esta línea, a las nuevas medidas promulgadas en 2012 como la imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía o en 2013 con la no actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General, el Gobierno español ha aprobado un nuevo marco normativo para las renovables, RD 9/2013, que altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaborarán con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético sostenible y socialmente responsable. "En dos semanas se publicará en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto de producción de energía a partir de fuentes de energías renovables".

Las medidas propuestas suponen recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba en su inicio Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones. La Anpier destaca que ninguna de la batería de normas dentro de la reforma eléctrica atacan de forma directa a las causas de déficit de tarifa como la sobreretribución a la nuclear y la gran hidráulica y sobre la opacidad en las subastas del Cesur. "El Gobierno no revisa ni investiga a las cuatro grandes eléctricas que anualmente ganan 7 millones de euros en beneficios", dijo Martínez-Aroca.

Respecto a la última ley del sector eléctrico, el presidente de Anpier señaló: "Es una contrarreforma. El Gobierno del PP identifica renovable con socialista". Según sus palabras el elemento clave de la ley es la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, pero "no diferencia lo que cuesta la energía de lo que dicen que cuesta y no se realizan auditorías internas a los grandes operadores".

Martínez-Aroca detalla que la nueva retribución depende del dinero que haya en la caja del sistema financiero. "En la primera liquidación correspondiente a enero los productores han percibido, en marzo, el 25,5% de la cantidad que les correspondía". El presidente de la asociación añade, además, que en el inicio había tres tipos de plantas solares fotovoltaicas y ahora más de 800, "por lo que ninguno cobra igual".

Para Anpier la ley es inconstitucional y entre los objetivos están "echar a los pequeños productores, perpetuar la sobreretribuciones a la nuclear y grandes hidráulicas y centrar la generación eléctrica española en el gas".

Martínez-Aroca informó de la gran manifestación del sector fotovoltaico español prevista para el 21 de junio frente al Ministerio de Industria en Madrid, en la que se pretende implicar a sectores y colectivos sociales afines. "Fletaremos todos los autobuses que hagan falta para toda España".