El Tratado de Lisboa establece los términos de la salida de un país de la UE, pero los legisladores incluyeron el artículo 50 con la esperanza de que nunca debiera aplicarse y su ambigüedad deja abierto el proceso de divorcio entre la Unión y el Reino Unido de cara al Brexit.

Para el ex director general del Servicio Jurídico de la UE y uno de los juristas del Tratado de Lisboa Jean-Claude Piris, el artículo 50 es claro y "suficiente" para una supuesta salida, que nunca pensaron que fuera a hacerse realidad. Pero ahora hay que darle forma, un largo proceso que puede tardar varios años en materializarse y que deja una gran incertidumbre, sobre todo en lo económico.

"En ese momento existe el riesgo de que haya una laguna jurídica, especialmente en las relaciones comerciales", apunta Piris.

Por ello sugiere un tratado "de urgencia" para regular las relaciones comerciales, que contemple los derechos de aduana y otros obstáculos administrativos.

El Reino Unido no forma parte del espacio de libre circulación Schengen, pero hay muchos aspectos que están por negociar, como la cooperación policial y judicial. "Está todo por escribir, pero no se pueden modificar los tratados a medida de los británicos", remarca el abogado.

El Tratado estipula que, si el acuerdo de retirada no se concluye dentro de los dos años después de la notificación oficial del Estado en cuestión, se hace efectiva su salida de la UE, aunque el plazo puede extenderse con una decisión unánime del Consejo Europeo de acuerdo con el país.

Sin embargo, para que empiece a correr ese plazo hay que esperar a la notificación oficial del Reino Unido y no será hasta entonces cuando se apliquen las disposiciones previstas en el artículo 50. Hasta ese momento, el Reino Unido seguirá, por ejemplo, participando en las cumbres, pero no lo hará en las reuniones que aborden el Brexit.

Las relaciones "ya no serán como antes", reconoce Piris.

Prueba de ello es la reunión informal que los líderes de los otros 27 países miembros mantendrán el miércoles por primera vez sin el primer ministro británico, David Cameron.

La incertidumbre pesa sobre alrededor de 1.500 funcionarios, que temen por el futuro de su carrera profesional.

"Los funcionarios tienen derechos adquiridos y, mientras hayan sido contratados con el Reino Unido como Estado miembro, seguirán trabajando en las instituciones", reitera Piris.

Pero hay más preguntas, como qué ocurrirá con las dependencias europeas con sede en Londres, como la Agencia Europea de Medicamentos o la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés). Según fuentes comunitarias, este es uno de los asuntos que habrá que considerar en su debido momento. Además, el Reino Unido tendrá que abandonar la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), por ejemplo.

Otra duda es qué se hará con la presidencia de turno del Consejo de la UE que está previsto que el Reino Unido asuma entre julio y diciembre de 2017.