QUÉ barato sale malversar dinero público. Podemos comprender, mis queridos lectores, el desánimo y el sentimiento de frustración que invade al ciudadano de a pie, una vez conocidas las suaves condenas aplicadas en la sentencia, en primera instancia, para los implicados en la "Operación Malaya de Marbella". Más de uno ha quedado atónito ante la realidad de los hechos. ¿Por qué se aplican con tanta benevolencia las penas previstas en nuestro Código Penal a aquellos políticos, asimilados y empresarios que, por el mero hecho de serlo, obtienen un trato más benévolo que el común de los mortales? ¿Es que acaso nuestra Justicia distingue entre el ciudadano normal y aquellos otros que frecuentan los círculos de poder?

No nos queda más remedio, a la vista de la sentencia, que contestar afirmativamente a estas dos preguntas, pues repugna a la razón y al sentido común que más de la mitad de los inculpados hayan sido absueltos o con débiles condenas para aquellos empresarios que participaron activamente en la trama de corrupción urbanística, olvidando que el viejo dicho popular que afirma que "según la Ley de Mahoma tan ... es el que da como el que toma". O, ¿ Acaso es menos culpable el que ofrece un dinero, por una actuación administrativa ilícita que aquel político o funcionario que la acepta?

Por otra parte y refiriéndonos a la cuantía de las penas de privación de libertad y de las multas impuestas a los señalados como autores del ilícito, se aprecia de forma indubitada que, efectivamente sale más barato malversar dinero público. Imaginemos el caso de un implicado que , con cuarenta años de edad, figure como condenado a la pena de seis años de prisión de los cuales hubiera cumplido dos años en prisión preventiva y condenado a una multa de un millón de euros cuando lo defraudado haya superado los cuatro millones de euros.

En este supuesto, pocos meses después de la sentencia, este individuo pasaría a disfrutar del tercer grado penitenciario, encontrándose con una excelente jubilación con el montante del dinero que no haya podido serle embargado, bien porque estuviera a nombre de terceros o de alguna sociedad interpuesta De una forma o de otra, lo más lamentable es que las cantidades de dinero defraudado, que no se hayan podido recuperar, dañarán las prestaciones a la ciudadanía en estos tiempos de indigencia económica, sorpresas vergonzantes y malos ejemplos. Me parece que a estas alturas tendría que existir una mayor madurez democrática que facilitara la vida a los ciudadanos y no que se la compliquen tanto. Y no solamente significa una vergüenza o un mal ejemplo, como he dicho anteriormente; sino que se está proyectando al exterior una imagen poco aconsejable que empercude la honradez de muchísimos españoles que no se lo merecen. Por éstas y por otras muchas razones hay que cambiar ciertas actitudes que ponen doblemente difícil nuestra convivencia y la credibilidad de nuestro Estado de Derecho.

Sólo podrían justificarse las condenas en el caso de que se hubieran producido muchos fallos en la instrucción y en ese supuesto quedaría patente la incompetencia de los instructores, siendo éstas, correctas según el papel y las garantías de nuestras Leyes, aunque la opinión pública no se crea los textos del mismo al pie de la letra y actúe como los músicos de oído.

Por último, hay una cuestión a la que la sentencia del Caso Malaya no ha dado respuesta: ¿ Cuál ha sido el papel de la Junta de Andalucía y de sus políticos en éste caso de corrupción? Resulta incomprensible que durante los casi dieciocho años en los que la Junta tenía transferidas las competencias de urbanismo, nadie, desde la época de Jesús Gil y Gil, que en paz descanse, haya apreciado ni actuado contra el desorden urbanístico que padeció Marbella, cuando bien, por acción u omisión, tenía que haberlo hecho en defensa del interés general.

¿Cómo es posible que la sentencia no diga una sola palabra en este asunto?

¿A quién o a quiénes se está protegiendo? ¿Podría ser ésta la razón que justifique tanta benevolencia? Ante estas reflexiones, mis queridos lectores, no puedo menos de reafirmarme en el titular de mi artículo, con la salvedad a la que me he referido y siendo consciente de que todo aquello que estoy escribiendo lo hago desde mi noble saber y entender... ¡Qué barato sale malversar dinero público!

Esperemos los almerienses y quienes nos observen que se salve con mayor fortuna "El caso Poniente" por el bien de todos.