ALMERÍA viene siendo en los últimos años uno de los principales polos de atracción para ciudadanos de otros países que han venido a trabajar a nuestra provincia en busca de una vida mejor. Su aportación a la economía almeriense es incuestionable y bastan unos cuantos datos para poner de relieve su importancia: constituyen en este momento la quinta parte de los trabajadores de la provincia y han firmado, entre 2000 y 2007, nada más y nada menos que el 43% de todos los contratos celebrados.

Los inmigrantes trabajan mayoritariamente en la agricultura -donde suponen más de la mitad de los afiliados al Régimen Agrario, con 20.600 afiliaciones-, la construcción, el manipulado hortofrutícola y la hostelería, sectores que en general emplean a personal con escasa cualificación y, en muchas ocasiones, con contratos precarios.

Los trabajadores extranjeros están, por tanto, sometidos a un tipo de discriminación laboral que hace que ocupen peores puestos de trabajo, con sueldos más bajos, una alta temporalidad y mayor riesgo de sufrir accidentes. Esta situación no se corresponde con el peso real de los inmigrantes en nuestro mercado de trabajo y nuestra economía, y por eso la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo están desarrollando y preparando acciones para acabar con esta discriminación y conseguir un empleo de calidad también para los trabajadores extranjeros.

Los inmigrantes son considerados como un colectivo prioritario a la hora de acceder a todas las Políticas Activas de Empleo de la Junta, desde las escuelas taller hasta las subvenciones de empleo estable, pasando por los cursos de Formación Profesional Ocupacional. Además, y preocupados por la mayor exposición a la siniestralidad que tienen los trabajadores foráneos, desde la Consejería de Empleo hemos impulsado el desarrollo de cursos a bordo del Prevebús del Inmigrante, que se imparten in situ en el campo y las empresas, y además hemos editado y distribuido miles de guías de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales traducidas al rumano, inglés y francés y en dos sectores donde su presencia es muy alta, el hortofrutícola y el del olivar.

Estas actuaciones se enmarcan en el II Plan Integral de Inmigración de Andalucía 2006-2009, que supondrá una inversión de 1.177 millones de euros por parte de varias consejerías de la Junta, de los que casi 35 millones serán aportados por la de Empleo. El objetivo es la plena integración de este colectivo en la sociedad andaluza a través del acceso, en igualdad de condiciones al resto de la población, a los servicios básicos en sanidad, educación, vivienda, asistencia social, atención jurídica y, por supuesto, empleo.

Así, hasta el próximo año la Consejería de Empleo llevará a cabo políticas activas para la integración laboral de los inmigrantes con el fin de hacer accesible la red de servicios del SAE a estas personas y mejorar sus condiciones de trabajo, políticas como itinerarios personalizados de inserción que integran formación en origen y orientación profesional; servicios de orientación e intermediación laboral personalizados; intérpretes en las oficinas del SAE; adaptación de la Oficina Virtual a los extranjeros; la elaboración de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura; o la participación de la consejería en la elaboración de los Contingentes anuales de trabajadores extranjeros, desarrollados por el Gobierno Central para canalizar los flujos migratorios laborales hacia las actividades económicas más ofertadas.

Con todas estas medidas y otras nuevas que está preparando la Junta queremos conseguir que el trabajador inmigrante se sienta como en casa, que sea un andaluz más, con los mismos derechos -incluso, como se plantea ahora, votando en las elecciones municipales- y deberes que el resto de sus conciudadanos y que vea recompensado su esfuerzo y contribución a la riqueza económica de nuestra comunidad.